El bebé no la reconocía. La salvadoreña Olga Hernández por fin había conseguido reunirse con su hijo después de que se lo arrebataran las autoridades estadounidenses, lo abrazaba con ansia, arropándolo con todo su cuerpo, pero el pequeño seguía paralizado, como congelado de miedo.

"Él cuando me vio no me reconoció, estaba como asustado, y yo le decía: 'Mi amor, ¿no me reconoces?'. Y él solo me miraba, con sus grandes ojos, se me quedaba mirando como diciendo: '¿Qué pasa, un día me dejan y ahora aparecen?", narra a Efe Olga, que pide ser identificada con un nombre falso por temor a represalias.

El pequeño, que ahora tiene veintidós meses, cambió de actitud cuando vio a su hermano mayor, de cinco años. Se le iluminaron los ojos al ver el juguete que le había traído: una figura peluda de Stitch, el extraterrestre que se hace pasar por un perro en la película de animación Lilo y Stitch.

El mayor tenía un soldado de juguete y, haciendo ruidos, lo acercó lentamente a la figura de Stitch: "¡Me voy a comer a Stitch, mi soldado se va a comer a Stitch!", gritaba.

"El pequeño reaccionó en ese momento, cuando los dos comenzaron a interactuar con los muñecos. Parece que es ahí cuando ya fue entendiendo y entrando en sí, viendo que estaba otra vez con su hermano y su mamá", cuenta Olga, cuyo esposo lleva meses detenido en un centro para indocumentados en San Diego (California, EEUU).

El reencuentro de Olga con su hijo pequeño ocurrió en febrero en un aeropuerto de Los Ángeles, después de que el bebé fuera internado durante 85 días en un albergue en Los Fresnos (Texas).

El 'Viacrucis' de los migrantes hacia EEUU

Olga, su marido y sus dos hijos salieron el 8 de octubre de 2017 de la ciudad de Santa Ana (El Salvador) y se integraron en la caravana de inmigrantes centroamericanos conocida como Viacrucis Migrante, que recorre México anualmente y que este año recibió fuertes críticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Primero viajaron a pie durante días enteros y, luego, en Ciudad de México se subieron a uno de los peligrosos trenes de mercancías apodados La Bestia, que les llevó hasta el norte del país, donde surgió la posibilidad de abordar un autobús para aproximarse a la frontera con Estados Unidos.

El precio del billete era alto, pero el bebé, que tenía entonces 14 meses, había caído enfermo y, como no podían pagar para toda la familia, pensaron que era mejor que el padre y el pequeño se adelantaran en autobús.

El marido de Olga y el bebé llegaron el 12 de noviembre de 2017 a uno de los puestos de entrada en EEUU y solicitaron formalmente asilo, pero se toparon con una sorpresa: los agentes les dijeron que no traían suficientes documentos para probar su parentesco y que, por tanto, debían ser separados.

Cuando el pequeño fue alejado de su padre, esta salvadoreña todavía estaba en México con su hijo mayor. El 28 de diciembre se presentaron ante un puesto fronterizo de EEUU para pedir asilo y, después de ser detenidos durante un tiempo, fueron liberados y viajaron a Los Ángeles, donde viven unos tíos suyos.

Entonces, Olga requirió la custodia de su hijo menor, un proceso que describe como "fastidioso", pero que finalmente tuvo su momento de "alivio" en el encuentro del aeropuerto.

La familia de Olga tramita actualmente una petición de asilo para poder quedarse en EEUU y alejarse de la violencia de las pandillas en El Salvador.

"Me daba miedo de que mataran a uno de los dos o que los niños se criaran sin su papá o su mamá. Y que se criaran en un ambiente tan violento, que no tuvieran infancia, porque no se puede ir a un parque o estar tranquilo fuera de casa por miedo a una balacera", explica.

Olga y su esposo fueron separados de su bebé como consecuencia de la política de "tolerancia cero" en EEUU, que lleva a procesar criminalmente a los adultos que llegan irregularmente, lo que ha provocado la separación de familias porque los niños no pueden ser privados de libertad durante largos periodos de tiempo.

Oficialmente, el Gobierno comenzó a implementar en abril esta política, aunque supuestamente ya desde finales de 2017 las autoridades comenzaron a dividir familias en algunas partes de la frontera. Olga afirma que su caso fue uno de los primeros afectados por las medidas de "tolerancia cero" y que han sufrido "represalias" por haberlo denunciado.