A diferencia de Irán, no hay publicidad ni imágenes de las ejecuciones públicas en Arabia Saudí. Pero el país árabe triplicó en 2007 el número de ajusticiamientos respecto a 2006 –el mayor aumento del mundo– y ayer decapitó a la segunda persona en lo que va de año: una ciudadana indonesia condenada a muerte por asesinar e intentar robar a su patrona mientras dormía.

Yanti Sukardi fue ejecutada en la región suroccidental de Assir, después de que el Tribunal de Casación refrendase el fallo dictado por un tribunal islámico.  La Justicia de Arabia Saudí se rige por la estricta interpretación de la ley islámica o sharia. Según esta, el asesinato intencionado, la violación y el tráfico de drogas se castigan con la pena capital, que se aplica mediante la decapitación de los condenados en público.

Método inhumano

Organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) califican este método de acabar con la vida de los condenados como “brutal e inhumana” e instan a que se acabe con su aplicación.HRW ha denunciado también la discriminación de los tribunales saudíes hacia los inmigrantes residentes en el país y los abusos laborales sistemáticos a los que son sometidos.

En agosto, dos saudíes mataron a golpes a dos empleadas domésticas indonesias por creer que practicaban brujería. Sus sentencias fueron leves.
“Los asesinatos brutales de las empleadas indonesias ocurrieron en una atmósfera de impunidad fomentada por la inactividad gubernamental”, declaró Nisha Varia, investigadora de HRW.

El caso más polémico de los últimos años fue el de Nour Miyati, una trabajadora indonesia torturada por su empleador y su esposa a la que tuvieron que amputar varios dedos gangrenados. Un tribunal islámico la condenó a 60 latigazos por mentir y acusar falsamente a sus patrones aunque la sentencia fue revocada por la presión pública.