Al menos 993 personas fueron ejecutadas en 23 países en 2017 tras ser condenadas a muerte, según el informe anual elaborado por Amnistía Internacional (AI). La cifra desciende por segundo año consecutivo: un 4% menos respecto a 2016, cuando murieron 1.032 condenados; y casi un 40% menos que en 2015, cuando se ejecutó a 1.634 personas sentenciadas,  la cifra más alta en los últimos 25 años. 

Parecerían buenas noticias para quienes piden la abolición de una condena que "sirve poco para ayudar a las víctimas o para disuadir de la comisión de crímenes", según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Pero la realidad es que el número de países que llevaron a cabo ejecuciones e impusieron penas de muerte sigue siendo similar a las cifras registradas en los últimos años. No obstante, argumenta AI, las cifras "reafirman la tendencia global hacia la abolición de la pena capital". Más de la mitad de los Estados del mundo han eliminado la condena a muerte de su código penal. Los últimos, Guinea y Mongolia, aunque Guatemala también la ha abolido para los delitos comunes. En total, son 142 los países en los que la pena capital se ha abolido totalmente o en la práctica.

También ha descendido las condenas a muerte. En concreto, un 17% menos. En 2017, fueron condenadas a la pena capital 2.591 personas en el mundo, lejos de las 3.117 que fueron sentenciadas en 2016, un año récord. Al final de 2017 se tenía constancia de que había al menos 21.919 personas condenadas a muerte en el mundo.

Sin embargo, estas cifras son sólo las confirmadas. AI advierte cada año de que su informe contiene "cifras mínimas", ya que los números totales de ejecuciones "probablemente son más elevados".

"Pese a los avances en la abolición de esta pena aberrante, quedan aún unos cuantos líderes que prefieren recurrir a la pena capital como solución rápida en lugar de abordar la raíz de los problemas con políticas humanas y de base empírica. Los líderes fuertes ejecutan políticas, no a personas”, lamenta la investigadora de AI Salil Shetty en el informe, donde recuerda que "la pena de muerte es un síntoma de una cultura de violencia, no su solución".

China, un agujero negro

Por países, la organización apunta sin ninguna duda a China como el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la verdadera magnitud de la aplicación de la pena de muerte en ese país, ya que están clasificadas como secreto de Estado. Por eso, en la cifra de al menos 993 ejecuciones en el mundo no están incluidas "las miles de ellas que se cree que se han llevado a cabo en China".

Sin contar al país asiático, los países donde más ejecuciones se produjeron en 2017 fueron Irán (donde hubo al menos 31 ejecuciones públicas), Arabia Saudí, Irak y Pakistán. Los cuatro Estados concentran el 84% de todas las ejecuciones conocidas el pasado año, excluyendo la incógnita de China. La formas de ejecución que AI ha documentado son la decapitación, el ahorcamiento, inyección letal y muerte por arma de fuego. 

En la mayoría de los países donde se dictaron o se ejecutaron sentencias de muerte, se hizo mediante "procedimientos judiciales que no cumplieron las normas internacionales sobre juicios justos", denuncia AI, que destaca su preocupación por las escasas garantías de los procesos judiciales en Bangladesh, Bielorrusia, China, Egipto, Irak, Irán, Malasia, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudí, Singapur y Vietnam. En algunos casos, prosigue la organización, las condenas se basaron en "confesiones que podrían haberse obtenido mediante tortura y malos tratos", algunas se comunicaron en los medios antes de que se celebraran los juicios (Irak e Irán) o se impusieron sin la presencia del acusado.

Además, AI critica que varios gobiernos han violado el derecho internacional  ejecutando a personas por delitos relacionados con la drogas y otros casos que violan las prohibiciones internacionales. En Irán, al menos cinco personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, y otras 80, como mínimo, permanecían condenadas a muerte. También en EEUU, Japón, Maldivas, Pakistán y Singapur se ha ejecutado a personas con discapacidad mental o intelectual, o se las mantuvo condenadas a muerte.

No obstante, la organización que elabora el informe anual considera que "se han dado incluso pasos importantes para reducir el empleo de la pena de muerte en países que son firmes defensores de ella". Destaca que, por ejemplo, en Irán, las ejecuciones registradas se redujeron en un 11% y las relacionadas con delitos de drogas descendieron en un 40% y que se han tomado medidas para elevar la cantidad de droga necesaria para imponer la pena de muerte preceptiva. En Malasia, se reformó la legislación antidroga, que pasó a permitir discrecionalidad a la hora de imponer condenas en casos de narcotráfico. Estas reformas se traducirán, según AI, en un descenso en el número de condenas a muerte impuestas en ambos países en el futuro.

Repunte en EEUU dentro de su tendencia de reducción

Estados Unidos sigue siendo —por noveno año consecutivo— el único país de América que ha ejecutado condenas de muerte. En 2017, los tribunales de EEUU han sentenciado a 41 personas a la pena capital y se ha ejecutado a 23 condenados, cinco más que en 2016, un ligero repunte que sigue dentro de las estadísticas que en la última década reflejan un descenso de este tipo de condenas. Es el segundo año consecutivo en el que el país no está entre los cinco Estados que más personas ejecutan y, actualmente, ha descendido un puesto en la lista de ejecutores, ocupando la octava posición.

Sin embargo, el número de estados de ese país que realizan ejecuciones ha pasado de cinco a ocho, ya que Arkansas, Ohio y Virginia han vuelto a aplicar esta pena tras varios años sin hacerlo.

Tres españoles condenados a muerte

Actualmente hay tres personas de nacionalidad española condenados a muerte en tres países diferentes. Pablo Ibar es uno de ellos. Pasó 16 años en el corredor de la muerte en EEUU y, ahora, está a la espera de un nuevo juicio después de que, en febrero de 2016, el Tribunal Supremo anulara su condena. En 1994 fue acusado de tres asesinatos durante el robo de una vivienda. Su juicio, "plagado de irregularidades", según AI, acabó considerándole culpable de los tres crímenes.

También está sentenciado a muerte Artur Segarra, acusado del asesinato en Bangkok (Tailandia) de otro ciudadano español, David Bernat.

Por último, AI también ha tenido conocimiento de la condena a muerte en Egipto de Ahmed el Saadany Ghaly, de nacionalidad española. Según las informaciones que la organización tiene disponible, Ahmed fue detenido y acusado de haber asesinado a su cuñado el 13 de diciembre de 2016, y durante su detención al parecer no tuvo asistencia letrada, fue torturado y amenazado con que su familia sería torturada. Actualmente, AI está documentando su caso.