El 11 de abril de 2019, la policía británica sacó a rastras a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, de la embajada de Ecuador en Londres. El periodista era expulsado a empujones del que había sido su refugio durante casi siete años, después de que en 2012 el entonces presidente ecuatoriano, Rafael Correa, le otorgara el asilo diplomático. Una condición que finalmente le retiró su sucesor en la presidencia, Lenin Moreno. Más tarde, también suspendió la nacionalidad ecuatoriana que el australiano había adquirido en 2017.

La prisión de alta seguridad de Belmarsh (Reino Unido) fue la última parada de la escalada de tensión entre el Gobierno ecuatoriano y el periodista, que detonó a principios de 2019 con la filtración de los Papeles INA, que involucraban al presidente ecuatoriano y a su familia en una red de corrupción y de la que el mandatario creía que WikiLeaks era el último responsable.

Dos meses después, Moreno retiró el asilo a Assange alegando que el australiano había violado los protocolos de convivencia, transgredido los convenios internacionales de asilo y amenazado al Gobierno ecuatoriano durante su estancia en la embajada ecuatoriana. Por su parte, Kristinn Hrafnsson, editor jefe de WikiLeaks, acusó al gobierno de Ecuador de espiar a Assange y de cooperar con el gobierno de Estados Unidos para llevar a término su extradición.

El mismo día que Moreno anunció en Twitter la retirada del asilo a Assange , el Gobierno de Ecuador acusó a Ola Bini, programador y amigo de Assange, de intentar desestabilizar al Gobierno latinoamericano. El ciudadano sueco fue detenido ese mismo día y forzado a permanecer en Ecuador hasta que el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha (Ecuador) emitiera una resolución sobre su caso. En febrero de 2023, Bini quedó libre de todos los cargos, después de que este juzgado lo declarara inocente por unanimidad.

18 delitos y una orden de extradición

Cuando Assange se refugió en la embajada ecuatoriana, dos países solicitaban su extradición: Estados Unidos, que requiere procesar al periodista por delitos informáticos cometidos en su territorio; y Suecia, donde existía una investigación preliminar contra el sueco por violar de una mujer y abusar de otra. En 2017, el país europeo archivó esta causa, por lo que la orden de detención de este país decayó.

Estados Unidos está, en cambio, a un paso de conseguir la extradición de Assange. En junio de 2022, Reino Unido dió luz verde a la entrega del fundado de Wikileaks, donde será procesado por 18 delitos relacionados con conspiración para la intrusión informática y revelación de documentos clasificados. Ante esta decisión, la defensa ha presentado un recurso. De desestimarse este, a Assange le quedarían otros dos por delante: la Supreme Court y, "de ser necesario, un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", explica Aitor Martínez, abogado de Assange.

Por el momento,  relata Martínez, es en la High Court donde se debatirán "los elementos jurídicos nucleares de este caso." Por ejemplo, "lo relativo al principio de doble incriminación, es decir, si la Ley de Espionaje de 1917 de Estados Unidos sería aplicable en Reino Unido a un periodista simplemente por publicar información veraz proveniente de fuentes legítimas. O lo relativo al principio de proporcionalidad, con potenciales penales de 175 años de cárcel simplemente por ejercer el periodismo de investigación", explica el abogado.

En 2010, WikiLeaks publicó más de 400.000 reportes de la guerra de Irak, 90.000 de la guerra de Afganistán, 800 de Guantánamo y más 250.000 cables diplomáticos entre EEUU, según informa la BBC. Esta información permitió conocer el asesinato indiscriminado de civiles en Irak y Afganistán por parte de soldados estadounidenses, entre otros hallazgos.

La repercusión de aquellas publicaciones fue inmensa, especialmente para la imagen de Estados Unidos. A estas se sumó, tres años después, la protagonizada por Edward Snowden, extrabajador de la CIA que reveló la utilización de programas de vigilancia masiva por parte de la agencia.

Ahora, coincidiendo con el cuarto aniversario del encarcelamiento de Assange en Belmarsh, se ha conocido otra filtración de documentos clasificados de Estados Unidos sobre la guerra de Ucrania, que el Gobierno de Biden ya está investigando. A pesar de que aún no se ha descubierto quién o quiénes son los autores de la filtración, los investigadores no descartan la posibilidad de que se trate de partidarios prorrusos. Además, consideran esta filtración como uno de los ataques más graves a la seguridad del país desde las publicaciones de WikiLeaks, según recoge France24.

Los documentos filtrados a través de redes sociales evidencian la influencia de EEUU y la OTAN en el curso de la guerra en Europa, y detallan futuras entregas de armas, las unidades de tropas ucranianas y planes militares.

Encarcelado en una prisión de máxima seguridad

Durante los cuatro años que Assange ha permanecido en prisión ha estado extremadamente aislado. Sólo su familia cercana y sus abogados ha podido visitarlo en unas pocas ocasiones, confirma a este medio Aitor Martínez, abogado del periodista.

"El régimen penitenciario establecido por esta prisión de máxima seguridad ha dificultado mucho las visitas a Julian Assange", abunda el abogado. "Debido al revuelo que causaba su presencia en prisión, se decidió que sus salidas al patio se hicieran cuando no estaban el resto de reclusos". A ello se le sumó la estrategia penitenciaria de contención de la COVID-19 y cuya consecuencia fue el encierro de Assange "prácticamente más de 23 horas al día", asegura Martínez.

Según la defensa, los regímenes de aislamiento a los que se ha visto sometido Assange -primero en la embajada de Ecuador y después en Belmarsh- han deteriorado enormemente su salud. "En total son casi 11 años de tortura", denuncia Martínez. Explicita que esta palabra "no es un recurso lingüístico" sino la reproducción de las conclusiones del informe del Relator de la ONU contra la Tortura, Nils Melzer, quien visitó a Assange la prisión de Belmarsh en mayo de 2019.

El último intento por conocer las condiciones del encierro de Assange lo ha protagonizado la organización en defensa de la libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras, a la que se le denegó el acceso a la prisión de máxima seguridad, a pesar de contar con un permiso para acceder a la misma. "Acudimos con todos los documentos en regla y cumpliendo todos los requisitos solicitados", explica Edith Rodríguez, vicepresidenta de RSF España y RSF sección internacional.

El director de la cárcel les denegó el acceso alegando que había recibido informes de inteligencia que explican que son periodistas. "¿Es una broma macabra?", denuncia Rodríguez. "Es público y notorio que nuestro secretario general es periodista, pero que algunos responsables de RSF lo seamos no significa que acudiésemos como periodistas, sino como la ONG en defensa de la libertad de prensa que somos".

Desde la organización acusan a las autoridades de Reino Unido de entorpecer su trabajo en todas las etapas del proceso judicial. Y recuerdan que: "Julián Assange hizo posible que el público conociera crímenes de guerra. No se trata de cómo te cae, sino de lo que es justo."