La Fiscalía de Perú ha abierto este viernes diligencias preliminares contra la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Interior Walter Ortiz, por el supuesto encubrimiento de Nicanor Boluarte, al desactivar el grupo policial que apoya a los fiscales anticorrupción horas antes del arresto de su hermano.

Las diligencias contra Boluarte se han iniciado como presunta instigadora de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de encubrimiento personal y de abuso de autoridad, por los que también se investiga a Ortiz, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

El inicio del proceso se ha conocido un día después de que el Gobierno anunciara la desactivación del grupo policial anticorrupción por una presunta duplicidad de funciones con otras dependencias e irregularidades en su constitución.

Este grupo policial apoyaba al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que investiga los actos de corrupción de altos funcionarios del Estado.

Este viernes, la Policía Nacional de Perú (PNP) ha arrestado a Nicanor Boluarte a petición de la Eficcop, que lo investiga por un presunto caso de tráfico de influencias en la designación de prefectos y subprefectos (delegados del Ejecutivo en diferentes regiones) a cambio de dádivas económicas y de la captación de afiliados a un partido del hermano de la gobernante.

Antes de conocer la información sobre las diligencias contra la Dina Boluarte, el portavoz del despacho presidencial, Fredy Hinojosa, ha afirmado que la presidenta "de ninguna manera" se plantea dimitir tras la detención de su hermano.

"De ninguna manera existe la posibilidad de una renuncia, lo importante es que el Gobierno tiene establecidos los grandes objetivos nacionales", ha sostenido Hinojosa en una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Gobierno de Lima.

El portavoz ha reiterado que que "no se admite mínimamente la posibilidad de una renuncia" de la mandataria y agregó que desde su posición "no le corresponde referirse a aspectos técnicos jurídicos de una defensa legal de la presidenta de la República o de cualquier otro ciudadano".

"Este Gobierno garantiza la división de poderes, el imperio de la Constitución y las leyes, el ejercicio de la autonomía de las diferentes instituciones públicas", ha sostenido. Además, "desde ningún punto de vista el Gobierno pretende interferir en estas funciones" y que "no existe ningún tipo de entorpecimiento a la labor judicial ni del Ministerio Público", ha añadido.

La orden de arresto también ha incluido al abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, quien ha comparecido en varias ocasiones junto a ella.

Tras conocerse la desactivación del equipo policial, el Ministerio Público ha anunciado este viernes que estaba evaluando indicios delictivos supuestamente cometidos por los altos funcionarios del Ejecutivo que ordenaron esa medida.

La resolución "tendría relación" con la orden de detención de Nicanor Boluarte, así como del abogado Castañeda, y otras seis personas vinculadas a un caso de tráfico de influencias, según ha añadido en un comunicado.

El fiscal general interino de Perú, Juan Carlos Villena, ha exigido la "inmediata" reposición del equipo policial y ha confirmado que su despacho estaba "evaluando las medidas" que le corresponde tomar, de acuerdo con sus "atribuciones constitucionales".

"La ciudadanía no debe tener dudas de que los fiscales del Ministerio Público defenderemos la legalidad en todas las instancias y especialidades", ha remarcado Villena.