El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, más conocido como TTIP por sus siglas en inglés, es mucho más que un tratado de libre comercio. Supone una integración con el mercado estadounidense que suprimirá barreras económicas y legislativas a los intercambios comerciales. Aunque todavía se encuentra en una 'fase precoz', como señala una fuente europea, el acuerdo ha suscitado una polémica tras otra desde que empezó a negociarse en julio de 2013.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunirá este miércoles con los presidentes de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, para dar un 'impulso político' al TTIP. Aunque la crisis de Ucrania tiene todos los visos de acaparar la atención de los líderes durante la cumbre, el debate sobre el acuerdo sigue siendo el 'asunto central' en la agenda de la reunión, indicaba ayer la citada fuente.

Frente a las voces que afean el Tratado y claman contra una supuesta violación de los derechos fundamentales de los europeos, la Comisión Europea no se plantea la autocrítica. Ayer, aseguraba que el acuerdo es 'ambicioso y comprensivo' y afirmaba que las negociaciones avanzan 'por el buen camino'. Pero las críticas arrecian especialmente en varios ámbitos: la transparencia sobre las negociaciones, especialmente tras los escándalos destapados por el ex agente de la NSA, Edward Snowden, la protección de datos o la seguridad alimentaria.

La Comisión Europea no se plantea la autocrítica. El lunes aseguraba que el acuerdo es 'ambicioso y comprensivo' 

'El acuerdo se está negociando en secreto entre gobiernos y multinacionales', denuncia el Observatorio Europeo de las Corporaciones (CEO en inglés), una organización que se dedica a controlar la presión que ejercen los lobbies empresariales en Bruselas. Ni los documentos de negociación, ni la contribución de los distintos actores, las agendas o las reuniones con la industria son públicos, según CEO, que considera que la Comisión está dejando 'a los ciudadanos en la oscuridad informativa'.

El observatorio recibió 44 documentos de la Comisión sobre reuniones con lobbies de la industria, después de rellenar una solicitud. Además de que la entrega se produjo diez meses después de la petición, 39 documentos estaban 'profundamente censurados', manifiesta un portavoz de la organización. No había referencias a los encuentros a puerta cerrada con grupos que presionan por la liberalización del comercio bilateral, como la Cámara de Comercio de EEUU o la federación industrial alemana (BDI), ni con empresas como la automovilística BMW.

En los documentos que sí se entregaron, el observatorio acusa a la Comisión de borrar partes de los textos. El argumento que esgrime Bruselas para justificarlo es que en algunos textos, 'se refleja la posición europea en las negociaciones'. Tras los escándalos de espionaje, Jan Philipp Albrecht, eurodiputado alemán de los Verdes, opina que no tiene sentido ocultar a la opinión pública lo que defiende la UE. 'Estados Unidos ya conoce la posición europea, la ha espiado', apunta el eurodiputado, cuyo partido político demanda que Bruselas renuncie al TTIP.

Maria Badia i Cutchet, eurodipuada del PSC, juzga 'exageradas' las acusaciones de falta de transparencia. 'Cada vez que hay una ronda de negociación se informa al Parlamento Europeo', sostiene Badia. Aunque lamenta que no puedan estar 'todos los grupos en la mesa de negociación', recuerda que la Eurocámara tiene que aprobar el TTIP cuando se acuerde un texto formal, y que 'no le temblará la mano' a la hora de rechazarlo, como ya hizo con el ACTA (el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación). Los eurodiputados estimaron en julio de 2012 que el pacto para proteger la propiedad intelectual afectaba a libertades civiles fundamentales.

Otro asunto puntiagudo es el referente a los sistemas judiciales. Estados Unidos pretende que las empresas puedan denunciar a los Estados si aprueban una ley que perjudique a la actividad empresarial que se hubiera aprobado anteriormente. Si una empresa obtiene el `sí´ de un país para extraer gas en su suelo a través de la técnica del fracking y posteriormente el Estado decide prohibir esa práctica, la empresa podría denunciar al país ante un organismo al margen que crearía el Tratado. Para Badia es un asunto 'delicadísimo' y valora que la mayoría de la Eurocámara se opondría a un sistema judicial alternativo que estuviera 'por encima de las leyes nacionales'.

De aprobarse este capítulo, Alex Lovatt, de la plataforma estadounidense 'Amenaza TTIP', supone que sería más beneficioso para las empresas europeas invertir en EEUU y viceversa. 'Los votantes tendrían menos poder sobre lo que hacen las multinacionales', advierte, 'y si se crea un organismo paralelo, podrían pasar incluso por encima de los gobiernos'.

La liberalización de los mercados es especialmente sensible en lo referente a la seguridad alimentaria. La entrada de productos transgénicos o de otros bienes de consumo que en EEUU se comercializan bajo leyes más permisivas, levantan sospechas en la UE, donde las leyes son más proteccionistas con la salud del consumidor. María Auxiliadora Correa, eurodiputada del Partido Popular, apoya el acuerdo, que 'permitiría a España ganar apertura de mercado para frutas, hortalizas, aceite o jamón'. Pero Correa también admite que la eliminación de los aranceles podría perjudicar al sector ganadero español, por la entrada de productos cárnicos estadounidenses con precios más competitivos.