Hace 14 años, Rigoberta Menchú, premio Nobel de la paz en 1992, denunció ante la Audiencia Nacional a ocho personas -entre ellas a Efraín Ríos Montt- por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante las dictaduras militares en Guatemala. Fue una llamada de atención para que la comunidad internacional posara sus ojos en un conflicto ignorado. Ahora, el país centro americano está haciendo justicia desde sus propias instituciones y gracias a la ayuda que llegó del exterior. El pasado viernes, un tribunal penal guatemalteco condenó a 80 años de prisión al ex militar golpista cuyo nombre llevó Menchú a una instancia judicial española en 1999.  Ríos Montt ha sido juzgado y condenado por genocidio y crímenes de guerra cometidos por el ejército del que él era responsable contra población ixil entre 1982 y 1983. Bajo su mando, fueron asesinados 1.771 indígenas.

Para alcanzar la realidad que demandaban las víctimas, ha sido esencial el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigida por el fiscal del Tribunal Supremo español Carlos Castresana entre 2007 y 2010.  De su trabajo al frente de la CICG resultó la creación del Tribunal de Alto Impacto -la instancia que ha juzgado a Ríos Montt- y la detención de 150 altos cargos vinculados al dictador guatemalteco.

¿Cómo valora la sentencia que condena a 80 años de prisión al dictador Efraín Ríos Montt?

Lo valoro positivamente porque aunque hay quien dice que pone en riesgo la estabilidad, y sí puede crear problemas, estaba previsto en los Acuerdos de Paz que los crímenes de carácter internacional, y el genocidio lo es, estaban excluidos de la amnistía, de modo que era una asignatura pendiente que las circunstancias de los años siguientes [a las dictaduras militares] no permitieron llevar adelante, pero que hoy en día sí que se puede y es necesario. El país tiene que hacer frente a su historia.

¿Por qué no se pudo procesar antes a los responsables del genocidio maya?

Porque la amenaza sigue presente, y las condiciones legales existen pero las políticas y sociales no lo permiten. Una cosa es la teoría de lo que se debe hacer y otra que se den las condiciones de hecho para poderlo hacer. El trabajo del equipo de 200 personas en los tres años que yo dirigí la CICIG fue imprescindible para que esta realidad haya sido posible. Primero, porque el Tribunal de Alto Impacto, el que ha juzgado a Ríos Montt, lo creamos nosotros, y a imagen y semejanza de la Audiencia Nacional española: un tribunal en la capital, con jurisdicción en todo el territorio, con jueces bien formados y con la debida protección para hacer frente a los casos más graves, peligrosos y complejos. Y segundo, porque nosotros conseguimos 150 capturas de personas de altísimos nivel en relación con Ríos Montt: su hijo -el general Enrique Ríos Sosa-, su antiguo yerno, Sergio Roberto López Villatoro -que era uno de los que tenía más influencia en cómo se seleccionaba ‘mal' el poder judicial- y el que fue presidente de su partido, Alfonso Portillo. La CICIG abrió el camino.

Los abogados de Ríos Montt anunciaron su intención de recurrir la sentencia, y el propio dictador calificó el juicio de ‘show político internacional'. ¿Qué posibilidades se le abren a partir de ahora?

Eso forma parte de la normalidad democrática en un estado de derecho; el que no esté conforme con una sentencia, que la recurra y que dejen a los tribunales trabajar. Esto último es la mayor dificultad. Más allá del caso concreto, lo importante para el futuro y para la viabilidad del país es que estos asuntos se puedan ventilar ante los tribunales, que es donde tienen que resolverse, y que dejen a los tribunales trabajar con independencia e imparcialidad.

Para las víctimas, ¿qué consecuencias directas conlleva la sentencia?

Muy importantes. Un cuarto de millón de personas fueron masacradas, la mayoría, mayas y civiles indefensos. En cualquier conflicto armado hay unas líneas rojas muy claras que no se pueden traspasar: los combatientes se pueden matar entre ellos pero no pueden matar civiles. Aquí estamos frente a uno de los genocidios a los que la comunidad internacional ignoró. Sí nos ocupamos del caso de Ruanda, del de Yugoslavia y otras situaciones análogas. Pero el genocidio de Guatemala no fue objeto de acción por parte de la comunidad internacional. Afortunadamente, desde fuera sí llegó un apoyo durante años al sistema de justicia guatemalteco, lográndose que, al final, las propias instituciones guatemaltecas hayan sido capaces de hacer el trabajo.

Y, ¿qué supone la condena a Ríos Montt para la sociedad guatemalteca en general?

Es un momento histórico. Hay un antes y un después. No hay manera de construir una sociedad desarrollada, libre, y un verdadero estado de derecho si no se hace frente a una realidad terrible que hasta ahora se estaba ignorando. La inmensa mayoría de la población sigue discriminada, sin tener igualdad de oportunidades ni acceso a los cargos públicos. Son víctimas de una cadena de crímenes terribles que la sociedad había preferido ignorar, pero están ahí. Las consecuencias para las víctimas son: reconocer la dignidad que les corresponde y la dignidad a la que tienen derecho.

Ríos Montt fue diputado en el Congreso de Guatemala hasta enero de 2012. Las víctimas denuncian que responsables del genocidio sigan ocupando puestos de poder. ¿Circunstancias de esta índole han podido dificultar el proceso judicial?

Mucho, ha habido un montón de entorpecimientos de tipo procesal, de presión política y de toda naturaleza. Que el proceso haya podido salir adelante no significa que el sistema esté saneado, esto va a seguir siendo extremadamente deficiente y no cumple con el deber de dar tutela a los ciudadanos, que es para lo que se supone que sirve un sistema judicial. El caso [de Ríos Montt] es una excepción esperanzadora; esperamos que se generalice, pero hay mucho trabajo que hacer. Es un buen punto de partida y ahora tienen que trabajar más en el medio y largo plazo con una política criminal que les permita tener un sistema eficiente donde la gente se sienta protegida, porque el triángulo norte de Centroamérica -Guatemala, El Salvador y Honduras´- sigue siendo el lugar más violento del mundo. Allí, la mayor parte de los conflictos de tipo familiares, de negocios o cualquier clase de controversia entre ciudadanos se resuelven muchas veces a balazos porque no hay una manera civilizada en la que un árbitro, que es un juez, se interponga y resuelva la controversia por métodos pacíficos.

Usted abandono la CICIG en 2010. ¿Se volvió insostenible el trabajo contra la impunidad?

La Comisión sigue, y no soy quien para valorar el trabajo que ha hecho después, pero yo, después de tres años, personalmente estaba exhausto, y había dejado de ser un interlocutor.  Cuando metes en la cárcel a una persona poderosa te enemistas con un cierto grupo. Y cuando has hecho eso 150 veces, pues prácticamente has dejado de ser interlocutor porque no hay ningún grupo con el que no tengas un contencioso.

¿Este proceso judicial puede servir de aviso a la corrupción existente en diferentes instituciones de Guatemala?

Debería serlo en el sentido de que, quienes estén realizando esas conductas a día de hoy, también están sujetos a responsabilidad. Ese es el desafío, lo que hoy es un caso excepcional, debería convertirse en rutina, pero eso es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo.

¿Sentencias condenatorias como la de Ríos Montt contribuyen a profundizar la democracia de un país?

Si, sin duda refuerzan el estado de derecho. Este caso tiene la desventaja de que es una excepción, pero ejemplarizante, que envía el mensaje correcto de que no hay nadie por encima de la ley.

En Argentina se sigue un querella contra el franquismo interpuesta por víctimas que vieron cerradas las puertas de la justicia en España. ¿Por qué aquí no es posible juzgar la dictadura militar?

Porque en la transición se dejaron de hacer muchas cosas que se debían haber hecho: restablecer la verdad, la justicia, haber ofrecido reparaciones. Se llevó a cabo una transición política superficial, que alcanzó el sufragio -que es muy importante- pero una democracia no es sólo sufragio, también el estado de derecho. No se logró que el poder judicial fuera verdaderamente  independiente; se escribió una constitución que en muchos aspectos importantes no se aplica y los organismo de control no han funcionado como deberían. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas tardó años en darse cuenta de que Jesús Gil saqueaba el ayuntamiento de Marbella, y ahora les reclama a sus herederos. Hicimos una transición ‘low cost' y lo que conseguimos es una democracia ‘de todo a cien'.

¿En España aún se podría configurar una comisión de la verdad como han hecho países que han superado las dictaduras militares de su pasado?

Es una tarea pendiente que en algún momento habrá que abordar. El precedente más remoto es el de Australia, donde tardaron 90 años en hacer una comisión de la verdad para investigar los crímenes de los que había sido víctima la población aborigen. En España, no sé cuándo habrá condiciones para ello, pero habrá que hacerlo porque hemos dejado en el tintero cosas muy importantes que hacen que este sistema funcione de manera tan deficiente como estamos viendo estos días. Si la nueva democracia española hubiera sido capaz de abordar con seriedad, con objetividad y contundencia los primeros casos  de corrupción que se presentaron en los años 80, pues no tendríamos la epidemia que estamos contemplando estos días.

Y, esa supuesta comisión, ¿debería fijar una verdad oficial de los hechos?

Absolutamente. Y las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no.

¿Hay víctimas de primera y de segunda clase en España?

Hay víctimas ignoradas y escondidas, lo mismo que estaba pasando en Guatemala hasta el viernes. Allí había una cantidad enorme de personas que habían sido violadas, asesinadas, saqueadas, y que no tenían un sitio en la sociedad. En España, afortunadamente la convivencia es más fácil porque los hechos son más antiguos, pero aun así sigue habiendo una enorme cantidad de personas que no han visto reconocidas en la democracia española los derechos que les reconoce el derecho internacional. Seguimos teniendo 130.000 desaparecidos.

 Salvando las diferencias, el caso de Guatemala y el español coinciden en la categoría de los delitos y en las demandas de las víctimas.

Claro, pero también en el mismo contexto de dificultad de hacer frente a esos procesos desde el mismo país donde los crímenes se han producido. Las condiciones son muy difíciles porque los responsables están todavía ahí y siguen teniendo capacidad de influir, de presionar y de amenaza. Es la comunidad internacional la que tiene que tender la mano para ayudar a esos países en conflicto a superarlo bien, no cerrando en falso las heridas, y construir un verdadero estado de derecho. En el caso de España, es evidente que las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, el Tribunal europeo de Estrasburgo y la Unión Europea no han hecho lo que debían para que España se hubiera integrado como miembro de pleno derecho [en la UE] habiendo hecho sus deberes.

¿Cómo ha influido la sociedad civil en Guatemala a la hora de reparar su pasado?

Ha habido grupos e individualidades notables que han mantenido la lucha por la justicia durante todos estos años, en muchos casos con un coste personal terrible y con un riesgo permanente para su vida y seguridad. Y también, ha habido una ayuda generosa de la comunidad internacional que, aunque no ha hecho el trabajo desde fuera, sí ha permitido inyectar dinero, entrenamiento y capacitación en las instituciones guatemaltecas hasta que se ha producido el milagro de que esas propias instituciones han sido capaces de hacer un trabajo que, por ejemplo, en la ex Yugoslavia, hizo el tribunal internacional [específico] que se creó.

En Guatemala se han juzgado delitos cometidos en los años 80. En España, además de los impedimentos que dejó la transición, ¿es determinante la distancia temporal respecto a la comisión de los crímenes para que no se llegue al esclarecimiento de los mismos?

Nosotros tenemos que revisar nuestra historia, que tampoco es tan remota. Lo más lejano es la guerra civil y posguerra, y sus responsables están muertos, pero la dictadura llegó hasta 1975, se siguieron cometiendo delitos hasta entonces y muchos de esos responsables sí están vivos y las víctimas también.

¿Qué enseñanza extraemos del caso de la dictadura militar de Guatemala?

Que la lección para la sociedad de hacer frente a su pasado y de resolverlo, además, como dicta el derecho internacional, debe hacerse. Es una tarea pendiente.