El Consejo de las Finanzas Públicas de Portugal (CFP), un órgano estatal que evalúa la política presupuestaria, lamentó hoy los 'recortes ciegos' aplicados a los gastos del Estado y pidió que se gestionen mejor.

La presidenta del CFP, Teodora Cardoso, declaró que Portugal se ha visto obligado a cortar gastos 'por la fuerza de las circunstancias' y no lo ha hecho bien. Hubo 'un ajuste muy rápido en gastos que fueron creciendo a lo largo de muchos años', señaló, pero la gestión de los recortes se hizo 'sin que hubiera verdaderamente un gran discernimiento'.

Mientras la presidenta del CFP criticaba las políticas lusas de austeridad, la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciaron hoy la revisión de las nuevas medidas de austeridad preparadas apresuradamente por el Gobierno conservador luso para compensar las que prohibió hace diez días el Tribunal Constitucional.

'Llevamos dos años haciendo cortes ciegos y se siguen haciendo precipitadamente'

La responsable del CFP, economista y ex directiva del Banco de Portugal, defendió, que el recorte de gastos es 'obviamente el camino' para que el país pueda superar su grave recesión, que acumula una contracción del PIB cercana al 7% en los últimos tres años. Cardoso opinó que el proceso de gestión de los gastos estatales debe de involucrar a todos los responsables y no solo al ministerio de Finanzas. Precisamente la semana pasada este ministerio fue blanco de críticas de funcionarios, partidos y sindicatos al prohibir todo nuevo gasto en las administraciones públicas que no tenga su expresa autorización.

'Todo esto exige una manera de hacer diferente y eso lleva tiempo. Llevamos dos años haciendo cortes ciegos y se siguen haciendo un poco precipitadamente', manifestó. El CFP, un organismo público creado en 2001, tiene el cometido de evaluar de forma independiente el cumplimiento y la sostenibilidad de la política presupuestaria lusa, promover la transparencia y reforzar la credibilidad de las finanzas públicas.

Las críticas a los bruscos cortes aplicados en el Estado luso por el Ejecutivo conservador a instancias de la Comisión Europea, el Banco Central Europea y el FMI, conocidos como la troika, se han escuchado también en otros organismos públicos.El Consejo Económico y Social (CES), formado por delegados de la Administración, los empresarios, los sindicatos y entidades cívicas, ha recomendado suavizar los recortes y renegociar los intereses del rescate al país, en la misma línea que la oposición portuguesa.

El CES teme que Portugal entre en un proceso de endeudamiento en el que ya no sirvan de nada los ajustes presupuestarios por culpa de una deuda pública que llegará en pocos años al 120 por ciento del PIB, empujada, en parte, por los intereses del rescate.Los 78.000 millones de euros de la ayuda internacional concedida a Portugal en mayo de 2011 supondrán el pago de 34.400 millones de euros en intereses de entre el 4 y el 5 %.

La UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciaron hoy una evaluación extraordinaria de las finanzas de Portugal para determinar si puede cumplir los requisitos del rescate tras el fallo judicial que anuló varias medidas de austeridad. El equipo de técnicos del FMI, la Comisión y Banco Central europeos llegó discretamente a Lisboa, aunque en medio de una gran expectación nacional, y celebró la primera reunión con las autoridades económicas lusas en el Ministerio de Finanzas. Del dictamen que haga esta misión depende el desbloqueo de otro tramo, de 2.000 millones de euros del rescate luso, y también que Portugal obtenga siete años más en los plazos para devolver los fondos de la ayuda externa.

Del dictamen de la troika depende el desbloqueo de 2.000 millones de euros del rescate luso La evaluación que empezó hoy la troika reabre su séptimo examen a la economía portuguesa desde que, en mayo de 2011, Lisboa obtuvo los 78.000 millones de euros de su rescate financiero.

La UE y el FMI entregan la suma a plazos, en la medida que el Gobierno luso cumple los objetivos presupuestarios y las reformas económicas exigidas. La séptima evaluación se había dado ya por aprobada en marzo, cuando la troika decidió suavizar la meta para 2013 del déficit de Portugal (que pasó al 5,5 % desde el 4,5 % inicial) ante su falta de crecimiento económico y el aumento del desempleo.

No obstante, la sentencia del Tribunal Constitucional luso que el pasado 5 de abril anuló cuatro de los recortes presupuestarios previstos este año enPortugal (con un valor total de 1.300 millones de euros) dio lugar a esta nueva visita de los organismos acreedores.

El Gobierno conservador luso anunció que tiene ya lista una propuesta de nuevas medidas de austeridad para cuadrar los presupuestos, cuyo contenido empezó a revisar hoy con sus acreedores. Incluye 600 millones de euros en ahorros en Sanidad, Educación, Seguridad Social y servicios públicos y otros 600 millones con reducciones del gasto de funcionamiento de la administración.