Jalid Sheij Mohamed y otros cuatro acusados de participar en los atentados del 11-S en EEUU (Ali Abdul Aziz Ali, su sobrino, y Walid bin Attash, exguardaespaldas del fallecido líder de Al Qaeda Osama bin Laden, Ramzi Bin al Shibh, entrenado para pilotar uno de los aviones suicidas, y Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, supuesto encargado de la financiación de los ataques) se han negado a contestar a las preguntas del juez de la comisión militar de Guantánamo, que podría condenarlos a muerte, en protesta por el trato que reciben en la prisión.

Sheij Mohamed, supuesto cerebro de los ataques terroristas, y los otros cuatro encausados han comenzado a rezar durante la vista. El único que ha alzado la voz ha sido Ramzi bin al Shibh, que ha acusado a los responsables de esta base naval estadounidense en Cuba de quererlos matar y hacer pasar sus asesinatos por suicidios.

El juez militar que preside esta vista Jame Pohl ha dado muestras de comenzar a perder la paciencia cuando Sheij Mohamed, que también ha sacado un turbante en medio de la sesión para colocárselo, ha rechazado los auriculares para escuchar la traducción simultánea. Razón por la que se pasó a la traducción por megafonía, mucho más lenta y problemática.

El juez ha decidido leer los derechos de los acusados ante el equipo de la defensa facilitada por el Gobierno estadounidense, mientras los encausados seguían leyendo el Corán y rezando. Poco después del mediodía, se veía obligado a anunciar un receso de 20 minutos para que los reclusos pudiesen realizar sus oraciones. El abogado de Jalid Sheij Mohamed, David Nevin, ya había anunciado que su cliente probablemente no haría declaraciones en la audiencia por sus 'profundas preocupaciones sobre la imparcialidad del proceso'.

Por su parte, el capitán de la Fuerza Aérea Michael Schwartz, defensor militar de Walid bin Attash, ha interrumpido el sistema, por lo que fue regañado por el juez por 'tocar las líneas rojas'. 'Las líneas rojas son el miedo a la vergüenza', ha respondido Schwartz, quien, como otros miembros del equipo de la defensa, ha dicho que EEUU impone normas tan estrictas en estas comisiones militares para evitar que se conozca información comprometedora.

Las estrictas medidas de seguridad en la Base Naval de Guantánamo se han extremado para esta primera audiencia de quienes planearon los atentados más graves de la historia de Estados Unidos (provocaron la muerte de casi 3.000 personas) y unos pocos periodistas, observadores y familiares de víctimas han podido estar presentes en la sala, pese a que el proceso se emite por circuito cerrado de televisión a otras partes de Estados Unidos.

El jefe de la fiscalía, el general de brigada Mark Martins, había indicado que las comisiones militares de Guantánamo protegen los derechos de defensa de los presos y que las críticas del equipo defensor sobre la legitimidad de esta formula legal no están fundamentados. Aún así, el relator sobre Tortura de Naciones Unidas denunció el mes pasado que las autoridades le impiden visitar y entrevistar a los reo encarcelados en el centro de detención.

Algunas autoridades consideran que los tribunales de Guantánamo son 'injustos', 'ilegítimos' y que representan una 'justicia de segundo plano', algo nefasto para la imagen de Estados Unidos.

'La Historia mantendrá vivo el recuerdo de un grave error', ha afirmado el coronel Morris Davis, exprocurador jefe en la base naval estadounidense en el territorio ocupado en Cuba, cuyo controvertido sistema fue creado por el expresidente George W. Bush tras los ataques de 2001 en Nueva York y Washington.

Estos tribunales 'han sido reformados una y otra vez y no hay manera de rehabilitarlos', ha agregado el coronel Davis. 'Socavamos nuestra autoridad moral y pusimos en riesgo nuestros principios por al menos diez años', sostuvo.

Sin embargo, su sucesor, general Mark Martins, ha asegurado que el tribunal militar 'establecido por cinco actas del Congreso, establecen varias garantías fundamentales'. 'Tomamos en cuenta su preocupación', dijo a los abogados de la defensa un día antes de la audiencia, pero 'vamos a aplicar la ley y este proceso será justo', prometió a la prensa.