Israel obligará a unos 2.300 beduinos residentes en Cisjordania a desplazarse hasta una zona junto al vertedero municipal de Jerusalén, dentro de unos planes militares promovidos por el Ministerio de Defensa y que ha denunciado hoy Amnistía Internacional.
La organización de derechos humanos ha publicado un informe en el que pide al ministro de defensa, Ehud Barak, que detenga dichos planes, que también incluyen las demoliciones de 20 comunidades, que afectarán a casas, cocinas, retretes exteriores, cobertizos para animales y dos escuelas primarias.
El ejército israelí considera ilegales la mayoría de las estructuras de estas comunidades aunque, según denuncia Amnistía Internacional, las comunidades palestinas lo tienen prácticamente imposible para lograr permisos. Los representantes de las comunidades beduinas se oponen a este desplazamiento y alegan que no podrán mantener su forma de vida tradicional.
Durante la década de los 90 fueron trasladadas familias beduinas a la misma zona, a sólo 150 metros del vertedero de Jerusalén, un lugar que, según denuncia Amnistía Internacional, les hizo vender su ganado por la falta de zonas de pasto y ahora el desempleo alcanza cotas desproporcionadas.
El vertedero recibe 1.100 toneladas de basura, que contaminan el aire y el suelo
El vertedero recibe hasta 1.100 toneladas de basura al día, tal y como demuestran los datos del Ministerio de Protección Medioambiental israelí, que contaminan aire, suelo y, posiblemente, el agua.
La directora adjunta provisional del Programa para Oriente Medio de Amnistía Internacional, Ann Harrison, asegura que 'las autoridades militares israelíes están disfrazando sus planes al presentarlos como una manera de proporcionar a los beduinos servicios básicos como agua y electricidad, pero lo cierto es que ese reasentamiento forzoso de los beduinos sólo servirá para perpetuar años de desposeimiento y discriminación, y constituiría un crimen de guerra”.
Mientras se expulsa a estas comunidades, acusadas por el gobierno israelí de no tener permisos, los asentamientos ilegales de Israel han aumentado un 20% en 2011, y las autoridades reconocieron 11 nuevos asentamientos, que albergan a unos 2.300 colonos, tras legalizar asentamientos construidos sin autorización gubernamental.
El año pasado, las demoliciones israelíes causaron el desalojo forzoso de 1.100 personas, es decir, un 80% más que en 2010. El 99% de estas demoliciones, según Amnistía Internacional, tuvieron lugar en comunidades agrícolas y ganaderas.
Además, la organización denuncia que Netanyahu intenta aplicar el plan E1 para extender aún más los asentamientos entre Jerusalén y Ma'ale Adumim, un plan que dividiría las zonas norte y sur de Cisjordania.
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