El juicio contra el ex primer ministro islandés Geir Haarde acusado de no haber evitado el colapso financiero de su país en 2008 comenzó ayer en Reikiavik con la petición de la defensa de que se anule el primer procedimiento judicial en Europa contra un jefe de Gobierno por su responsabilidad en la crisis.

Fue la primera sesión del juicio, una vez que en junio se celebrara una vista preliminar que sólo sirvió para que la Fiscalía presentara formalmente la acusación. Haarde se sienta en el banquillo por no impedir que los tres grandes bancos del país (Glitnir, Kaupthing y Landsbanki) se embarcaran en una loca carrera especulativa que acabó con la autodestrucción de todo el sistema financiero de Islandia. En 2003, los activos de las entidades suponían un 174% del PIB de Islandia. Ese porcentaje ascendió al 744% en 2007.

El Gobierno actual cree que el procesamiento está justificado

La defensa alegó que la Fiscalía no había seguido los procedimientos penales habituales ni concretó los delitos por los que se acusa a Haarde relacionándolos con la legislación islandesa. Además, sostiene que el fiscal Sigridur Fridjons-dottir actuó como asesor de la comisión parlamentaria que propuso al pleno el procesamiento de Haarde, con lo que podría haber un conflicto de intereses. La comisión también solicitó juzgar a tres ministros, pero el pleno lo rechazó.

La sesión de ayer duró dos horas. No se espera una respuesta del tribunal hasta dentro de unas tres semanas. Haarde, de 60 años, podría ser condenado dos años de prisión si es declarado culpable. Al llegar al tribunal dijo que tenía 'la conciencia tranquila'.

El actual ministro de Hacienda, Steingrimur Sigfusson, afirma que la acusación contra Haarde está perfectamente justificada. 'Cuando estaba claro que caminábamos hacia la catástrofe, los documentos oficiales demuestran que se hizo muy poco para evitarla', dijo a AFP.

El dirigente conservador se enfrenta a una pena de 2 años de prisión

El ex primer ministro, del conservador Partido de la Independencia, es el primer político que debe rendir cuentas ante el Landsdomur, un tribunal especial creado en 1905 para juzgar a políticos aforados.

Islandia, además, rechazó en sendo referendos, el último en abril, devolver a Reino Unido y Holanda las inversiones de sus ciudadanos e instituciones que habían confiados en los bancos islandeses, valoradas en 4.000 millones de euros, la tercera parte del PIB del país.