El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha ignorado la opinión de varios abogados del Pentágono y el Departamento de Justicia que afirmaron que no tenía la autoridad legal para continuar con los ataques aéreos contra Libia sin la aprobación del Congreso, según ha informado el diario The New York Times.

El periódico estadounidense ha señalado que dichos abogados argumentaron que los bombardeos sobre el país africano, bajo el mando de la OTAN, suponían 'hostilidades', citando a personas cercanas a las deliberaciones del Gobierno.

Según lo defendido por esos letrados, Obama debería haber puesto fin a las actividades militares el pasado 20 de mayo, tras no contar con el respaldo del Congreso bajo la Resolución de Poderes de Guerra del año 1973.

El diario ha argumentado además que el presidente de EEUU se amparó en las opiniones dentro de la Casa Blanca y el Departamento de Estado que indicaban que las misiones de bombardeo no suponían tales 'hostilidades' y que podían continuar sin la luz verde del Congreso.

El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, John Boehner, ya advirtió este martes a Obama que violaría la Resolución de Poderes de Guerra si antes del domingo no ponía fin a las operaciones militares sobre Libia, toda vez que el Congreso no las autorice.

Según los abogados, Obama debería haber puesto fin a las actividades militares el pasado 20 de mayo

La Casa Blanca ya ha reconocido la existencia de diferencias de opinión dentro de la Administración en torno a este asunto. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ha defendido por su parte las operaciones en Libia, respaldadas por el congreso. En este sentido, ha afirmado que la Resolución de Poderes de Guerra 'no es aplicable' a las acciones contra el líder libio, Muamar el Gadafi, ya que no hay tropas enviadas a su país. Además, ha añadido que 'esto se va a acabar antes de que lo sepáis en cualquier caso'.

La tan comentada Resolución de Poderes de Guerra se aprobó durante la guerra de Vietnam para entregar poderes al presidente y al Congreso sobre las acciones militares del país. Dicho texto prohíbe también que las tropas estadounidenses estén envueltas en acciones militares durante más de 60 días sin la autorización de la Cámara.