El próximo mes de diciembre, se cumplirán 60 años desde que se generó el primer kilovatio eléctrico de origen nuclear en el mundo, aunque la primera planta comercial no se inauguró hasta tres años después en la Unión Soviética. España llegó tarde a esa carrera. La primera central que se inauguró, en 1968, fue la de Zorita (Guadalajara), clausurada en abril de 2006. Era de primera generación, como las de Garoña (Burgos), y Vandellós I (Tarragona). Luego se sumarían Almaraz I y II, Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara).

La evolución de la energía atómica en el mundo ha estado marcada por dos accidentes: Three Mile Island (1979), en EEUU, que no supuso un parón para esta fuente, aunque sí implicó un aumento de las medidas de seguridad; y, sobre todo, Chernóbil (Ucrania), en 1986, que fue la sentencia de muerte para la promoción de nuevas plantas durante cerca de dos décadas. Es posible que el desastre de Fukushima obligue a replantearse el renacer nuclear que ha caracterizado la última década, a la vista de las decisiones adoptadas en países tan relevantes como Alemania o China, que hasta anteayer eran firmes partidarios de esta energía.

El coste de la moratoria nuclear ascendió a casi 4.400 millones

En España, el parón a la nuclear no estuvo motivado por razones de seguridad. Fue uno de los primeros países europeos que decidió frenar su programa atómico, tras la llegada al poder del PSOE, que había prometido la 'limitación' de esta energía. La moratoria nuclear, decretada en 1984, permitió acabar seis instalaciones entonces en construcción, pero paralizó otras cinco. El coste se cifró en 729.000 millones de pesetas (4.391 millones de euros), a pagar por los consumidores a través de la tarifa eléctrica. Aunque, en teoría, fue una decisión ideológica, hay quien sostiene que se adoptó para evitar la quiebra de las eléctricas, que se habían embarcado en un ambicioso programa de construcción de nuevas centrales. Así lo manifestó el exministro de Industria entre 1993 y 1996, Juan Manuel Eguiagaray. En su opinión, 'el sector público hubo de rescatar financieramente a las empresas eléctricas del país, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico, derivado de una planificación delirante, en absoluta contradicción con las necesidades constatadas de la demanda eléctrica en España'.