España no sólo ayudó a Estados Unidos a cerrar el caso Couso. La Administración Obama colaboró con el Partido Republicano para tratar de detener la investigación por crímenes de guerra y torturas contra seis asesores jurídicos del gobierno de Bush, abierta por la Justicia española. Así lo revelan los cables filtrados por WikiLeaks, en los que se pueden ver las presiones que ejercieron miembros del Gobierno de Estados Unidos y del partido opositor a autoridades judiciales y ministeriales españolas. 

En marzo de 2009, la ONG Asociación pro Dignidad de los Presos presentó una querella ante la Audiencia Nacional para que abriera una investigación contra, entre otros, Alberto Gonzales, ex fiscal general de Estados Unidos, y David Addington, ex jefe de gabinete de Dick Cheney, vicepresidente en la etapa de Bush. 

Según uno de los documentos filtrados por la organización de Julian Assange, el 16 de abril de 2009, el Fiscal General, Cándido Conde-Pumpido se posicionó en contra de este proceso, al que se refirió como 'fraudulento' y del que dijo que estaba diseñado para atacar a las políticas del Gobierno estadounidense. Conde-Pumpido dijo que el Gobierno español defiende la investigación de los casos de jurisdicción universal para defender los Derechos Humanos, pero que esta política 'no sería usada como un juguete o una herramienta para que el Ejecutivo español investigue decisiones de otro Gobierno'. 

'La investigación tendrá un enorme impacto en las relaciones bilaterales'

Tras presentarse la denuncia, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, aseguró a miembros de la embajada norteamericana que la querella estaba bien documentada y que no tendría más remedio que abrir el caso.

La documentación filtrada por WikiLeaks muestra cómo miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Justicia recibieron llamadas de la embajada estadounidense en las que se les expresó la preocupación por la apertura del caso por parte de la Justicia española. Desde el Gobierno defendieron la independencia judicial, aunque lamentaron que los jueces hubieran tomado la determinación de abrir la causa. 

El 14 de abril, Zaragoza telefonea a la embajada estadounidense en Madrid y les explica que la denuncia carece de los suficientes detalles y que era difícil establecer los delitos que los seis acusados habían cometido. 'La denuncia estaba dirigida contra las políticas del Gobierno de Estados Unidos más que contra un autor concreto'. Zaragoza dijo que hablaría con Conde-Pumpido para que revisara en qué casos la Justicia española podría actuar bajo la jurisdicción universal.

Zaragoza eligió a Ismael Moreno antes que a Garzón

Un día después, el senador republicano Mel Martínez se reúne con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Angel Losada, para explicarle que en Estados Unidos no se iba a aceptar la investigación abierta por la Justicia española y que ésta tendría un 'enorme impacto en las relaciones bilaterales'. Losada recordó a Martínez el carácter independiente de los jueces, aunque reconoció las complicaciones que conllevaba la apertura del caso y aseguró que el Gobierno usaría todas las herramientas posibles para arreglar el asunto.

Losada dijo al senador que el Gobierno expondría a Conde-Pumpido que su 'posición' frente al caso es de 'desacuerdo con la Audiencia Nacional'. Pese a todo, Losada le dijo a Martínez que el Ejecutivo no podía cerrar la investigación y le pidió que las relaciones bilaterales no se vieran afectadas por el asunto. 

Finalmente, los documentos cuentan cómo Zaragoza quiso evitar que Garzón se hiciera cargo del caso, proponiendo en su lugar al magistrado Ismael Moreno. El fiscal habría explicado esta decisión a la embajada a través de una llamada telefónica el día 14 de abril.