Los hechos denunciados en las dos querellas presentadas en la Audiencia Nacional por la muerte del español Baby Hamday Buyema 'podrían ser constitutivos de un delito de lesa humanidad'. Es la conclusión a la que llega la fiscalía a la hora de examinar si la Audiencia Nacional es el tribunal competente para investigar lo ocurrido durante el desmantelamiento por Marruecos del campamento saharaui Dignidad en El Aaiún.

Sin embargo, no informa a favor de que el juez Ismael Moreno se declare competente para investigar lo denunciado; apela al principio de subsidiariedad para dar prioridad a la investigación en el lugar donde ocurrieron los hechos. El escrito fiscal, firmado por Pedro Martínez Torrijos, solicita tramitar una comisión rogatoria (ayuda judicial internacional) a Marruecos para acreditar 'la existencia o inexistencia de investigación efectiva' sobre la muerte de Baby Hamday Buyema en dicho país.

El fiscal no ve 'descartable la existencia de otras víctimas españolas'

De si existe esa investigación o no dependerá que la fiscalía informe a favor de la admisión a trámite de las querellas o pida su rechazo. Pero que se ha abierto una investigación en Marruecos es algo que ya transmitió el ministro de Interior marroquí, Taieb Cherkaui, cuando se reunió con su homólogo español, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, el pasado día 16.

De ahí que el meollo del asunto derivará en determinar si esa investigación es 'efectiva', como exige la Ley Orgánica del Poder Judicial. La condición pretende evitar la impunidad que crearía que el país que comete un delito contra la humanidad abriera un procedimiento fraudulento con la única intención de evitar que otro país lo hiciera en aplicación de la justicia universal. Y en este caso concreto resulta paradójico que el ministro del Interior marroquí aparezca entre los querellados.

Esa circunstancia puede contribuir a que Marruecos responda que sí está investigando a la comisión rogatoria que cursará el juez Ismael Moreno, si sigue el criterio del fiscal. A las que todavía no ha contestado es a las que tramitó Baltasar Garzón para investigar el genocidio y las torturas sufridas por el pueblo saharaui entre 1976 y la década de los noventa, procedimiento en el que hay 13 responsables policiales marroquíes imputados.

Que Marruecos haya abierto una investigación es el único obstáculo que pone la fiscalía para investigar en la Audiencia Nacional los delitos de lesa humanidad, genocidio, lesiones, torturas y secuestros citados en las querellas, en las que se cifra en un centenar los saharauis muertos y en más de 2.000 las detenciones ilegales. Los demás requisitos previstos en la rebaja de la justicia universal que aprobó el Congreso español en octubre de 2009 se cumplen con creces.

Destaca los 'evidentes lazos' de España con el pueblo saharauiEl fiscal señala que los indicios de que podría existir un delito de lesa humanidad se basan en que 'la actuación policial se dirige contra un colectivo muy determinado asentado en una localización concreta, colectivo que reúne los requisitos para ser considerado grupo nacional o étnico', algo reconocido por la ONU en 2003.

'La operación policial, al menos aparentemente, no tiene otra finalidad que suprimir el asentamiento Campamento de la Dignidad, sin que se aprecien otras motivaciones diferentes', destaca Martínez Torrijos. Y eso pese al 'mínimo de prueba de las violaciones de los derechos humanos denunciadas' en la querella por la muerte de Baby Hamday Buyema, al que, según se denuncia, la policía marroquí obligó a salir del autobús en el que iba a su puesto de trabajo en Fosbucra para después atropellarle con un furgón policial repetidas veces.

El fiscal afirma que Buyema es la 'única víctima identificada hasta el momento' y, al tener nacionalidad española, 'concurre el elemento de conexión que habilitaría el ejercicio de la jurisdicción de nuestros tribunales'. Agrega que, 'en principio, no es descartable la existencia de otras víctimas de nacionalidad española, sobre todo si atendemos a la especial relación del pueblo saharaui con la nación española y la falta de información sobre el número y la identidad de las víctimas'.

Explica que tienen prioridad los tribunales de MarruecosY ese nos lleva a otro requisito incluido en la rebaja de la justicia universal: la conexión relevante con España. 'Los lazos con la comunidad saharaui son evidentes. No sólo hay que destacar la condición de territorio colonial en el pasado del Sáhara Occidental, lo que determinó la creación de vínculos lingüísticos, culturales..., que tienen su reflejo en la legislación española', señala el fiscal para a continuación referirse a los 'mecanismos privilegiados' que el Código Civil prevé para que los saharauis adquieran la nacionalidad española.

También apunta el fiscal (como las querellas de la Liga Española pro Derechos Humanos y del hermano del español fallecido) a que la ONU considera a España potencia administradora del territorio no autónomo del Sáhara Occidental, tras declarar contrarios al Derecho Internacional los Acuerdos de Madrid firmados en 1975 entre España, Marruecos y Mauritania.

Pero, pese a todo, para asumir o no la competencia, la fiscalía quiere aclarar si Marruecos ha iniciado una investigación. Entiende que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce 'manifiestamente el carácter preferente de las jurisdicciones del lugar de comisión del delito y de la nacionalidad de sus autores', algo que también avala la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional. Por eso, solicita que se pida información a las autoridades marroquíes, supuestos autores de los delitos imputados, de la investigación iniciada.