El presidente francés Nicolas Sarkozy lo venía advirtiendo en los últimos días. Esta madrugada ha comenzado el asalto de la policía a las 12 refinerías que están en huelga para desbloquear la escasez de gasolina que afecta a toda Francia.

El desalojo de la refinería de la petrolera Total en Grandpuits (a 50 kilómetros de París), en el departamento Seine-et-Marne, se ha llevado a cabo por la fuerza y hay os trabajadores heridos.

Sobre las tres de la madrugada, cuatro furgones de antidisturbios han llegado a la planta a petición del prefecto, Michel Guillot. En ese momento había un piquete con 15 personas que han expresado a la policía su voluntad de continuar el bloqueo.

Según el representante sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la planta, Frank Manchon, el propio Guillot se ha presentado en persona en la refinería 'con el objetivo de que el desalojo permita suministrar combuestible a las estaciones de servicio y a todos los clientes de Total' y apelando a la 'Defensa nacional'.

Una hora y media más tarde han ido llegando más trabajadores, unos 80, según la prensa gala, que han conformado un cordón en el acceso a la refinería. Finalmente, la policía ha cargado contra los trabajadores sobre las nueve de la mañana, causando tres heridos.

Para el coordinador de la CGT en Total, Charles Foulard, lo que ha pasado 'es extremadamente grave'.

'Sarkozy está organizando una redada contra nuestros derechos sociales' En declaraciones a la emisora Europe 1, dijo: 'En los tiempos de Petain, se hacían estas redadas; en la era de Nicolas Sarkozy, hemos conocido la redada a nuestros derechos sociales, la redada al derecho sindical porque ésta acción pone trabas a los trabajadores que ejercen su derecho a la huelga', añadió.

Foulard avisó de que el desalojo de Grandpuits va a suponer 'un electrochoc' para la industria. '¿Cómo podemos aceptar que en un país que respeta los derechos del Hombre se viole el derecho de los trabajadores impidiéndoles ejercer su derecho a la huelga?', insistió.

El Ministerio de Interior no hizo ninguna referencia al derecho de los trabajadores a la huelga, pero justificó la operación para 'permitir que los servicios públicos puedan hacer su trabajo y asegurar el derecho de todos a la libre circulación'.