Uruguay está dividido ante la posibilidad de poner fin a casi 24 años de impunidad. La Cámara de Diputados decidió el pasado miércoles dejar sin efecto la Ley de Caducidad que hasta ahora protegía a los represores de la última dictadura (1973-1985), pero no es seguro que el proyecto pueda ser aprobado en la Cámara Alta, donde dos senadores del Gobierno de José Mujica han anunciado que votarán en contra.

Gracias al apoyo de los 50 diputados de la coalición oficialista Frente Amplio, era ya sabido que la iniciativa saldría adelante en la Cámara Baja muy a pesar de los otros 30 diputados presentes en el recinto, en su mayoría pertenecientes al Partido Nacional y al Partido Colorado, que se opusieron a la derogación de la Ley de Caducidad.

Más incierto será lo que ocurra en el Senado. El Frente Amplio cuenta con 17 escaños en la Cámara Alta y necesita al menos 16 votos para poder anular la ley, pero dos de sus senadores, Jorge Saravia y Rodolfo Nin Novoa, han manifestado que se opondrán al proyecto que impulsa su propia coalición. Ambos argumentan que no se puede votar en contra de una normativa que ha sido refrendada por el pueblo uruguayo en dos ocasiones.

'La disciplina partidaria no puede estar por encima de la voluntad del pueblo', sostuvo ayer Saravia. 'Una cosa es votar una ley con la que uno no está de acuerdo(...). Pero esto es un tema de principios'.

El primer plebiscito para dejar inaplicable la Ley de Caducidad se realizó en 1989, y el segundo se celebró en octubre de 2009 de forma paralela a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que finalmente fue elegido Mujica. Los detractores del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados alegan que se debe respetar la 'doble legitimidad' que ha recibido la Ley de Caducidad por parte del pueblo.

El Frente Amplio intentará que todos sus senadores voten a favor de la iniciativa bajo pena de 'aplicar mano dura a senadores disidentes', según el diario uruguayo El Observador. La coalición se siente avalada por la Corte Suprema, que en octubre de 2009 declaró inconstitucional la Ley de Caducidad.

Esta norma, aprobada en 1986 durante el primer Gobierno democrático que sucedió a la dictadura un ejecutivo que presidió Julio María Sanguinetti asegura la amnistía a todos los militares y policías que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el régimen de represión, que dejó, entre otras víctimas, a casi 200 uruguayos desaparecidos.

No obstante, la propia ley otorga al poder Ejecutivo la facultad de establecer excepciones para los casos que crea oportunos, y siempre que haya un proceso judicial en curso. A este resquicio se han aferrado el anterior Gobierno de Tabaré Vázquez y el actual de Mujica para permitir la investigación, hasta ahora, de casi una quincena de causas.