El sheriff Joe Arpaio, que se ha hecho famoso en Estados Unidos por detener y recluir a miles de inmigrantes indocumentados, tiene hasta el día 17 de agosto para colaborar con la Justicia o será perseguido por la Administración Obama. Así de claro se lo ha dejado el ayudante del fiscal general, Thomas Perez, encargado de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en todo el país. Perez envió una carta a Arpaio, alguacil del condado de Maricopa (Arizona), en la que le advierte que tendrá que hacer frente a una demanda por obstrucción a la Justicia.

La Administración le reclama la documentación relacionada con una investigación abierta el año pasado para esclarecer si se han llevado a cabo persecuciones raciales y redadas inconstitucionales.

Washington abrió un proceso por persecución racial y abusos policiales

'El rechazo a la plena cooperación con la investigación por parte de la oficina del sheriff de Maricopa lo convierte en un caso extremo comparado con otros (...) que han reconocido unánimemente su obligación de colaborar. Aunque hubiéramos preferido un cumplimiento voluntario también en su caso, no dudaremos en emprender un litigio a partir del 17 de agosto si la oficina del sheriff continúa manteniendo su posición de no colaborar', se lee en la carta del ayudante del fiscal.

Desde 2007, las prácticas de Arpaio llevaron a la expulsión de 26.146 indocumentados, un 25% de las 115.841 deportaciones ejecutadas por las 64 instituciones encargadas de supervisar la inmigración en todo el territorio.

Los abogados de Arpaio sostienen que el Departamento de Justicia no tiene pruebas de que el alguacil haya practicado redadas ilegales o basadas en una discriminación racial. 'Si [ese tipo de arrestos] continuara en la actualidad, presumiblemente tendrían pruebas de ello ahora', dijo Robert Driscoll, uno de los representantes del sheriff. Hace un año, los letrados de Arpaio denunciaron ante la Oficina de Responsabilidad Profesional a los fiscales que siguen la causa contra él y los acusaron de mala praxis. La denuncia fue rechazada en junio.

Los métodos del alguacil lograron la expulsión 26.146 indocumentados

Arpaio, cuyo condado reúne ocho de las diez principales ciudades de Arizona, incluida Phoenix, es un firme defensor de la polémica ley aprobada por ese Estado sureño y popularmente conocida como la SB1070. Una jueza federal suspendió, sin embargo, partes de la norma el pasado 29 de julio. Aunque la magistrada no resolvió sobre si la ley era racista o discriminatoria para con la población latina, sí impidió su aplicación al entender que se trataba de competencias reservadas exclusivamente al Gobierno federal.

Desde 1993, cuando asumió el cargo de alguacil, Arpaio tiene montada en Phoenix una prisión hecha con tiendas de campaña y literas, Tent City, sin aire acondicionado en una región donde las temperaturas alcanzan los 40 grados a partir de junio.

Coincidiendo con el anuncio del fiscal de perseguirle, una portavoz de su oficina anunció que el propio she-riff está investigando una supuesta amenaza de muerte por la que se puso un millón de dólares a su cabeza. Según la portavoz, la amenaza fue transmitida al FBI y al canal de televisión Fox, que representa las posiciones más conservadoras de EEUU. La cadena recibió una llamada anónima de un supuesto narcotraficante mexicano que se atribuía la autoría de la amenaza, según la Fox.

El sheriff Joe Arpaio también está acusado de pagar una serie de anuncios en televisión para su campaña electoral, aunque falten dos años para los comicios y la ley lo prohíba.