Nueva violación de las leyes internacionales por parte del Gobierno israelí y las mismas respuestas de siempre de la comunidad internacional. El asalto del Ejército ayer al Mavi Marmara, uno de los barcos de la Flotilla de la Libertad que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, ha provocado que la ONU pida 'una investigación rápida, imparcial, creíble y transparente' sobre lo sucedido el lunes, al tiempo que calificó la situación de Gaza de 'insostenible'.

Pero una vez más, parece imposible que el Consejo de Seguridad imponga algún tipo de sanción. El problema es que la agresión israelí de ayer tiene una particularidad: los muertos no son civiles palestinos o militantes de Hamás. Son ciudadanos turcos. Y ni siquiera eso ha conseguido cambiar el guión.

23 de julio de 2002. Sheikh Salah Shahada, el líder del aparato militar de Hamás, es asesinado en un bombardeo israelí en el que además mueren 15 civiles. 8 de ellos eran niños. El entonces primer ministro, Ariel Sharon, califica la operación de 'gran éxito', mientras que el portavoz de Exteriores, Gideon Meir, dice que esa acción se llevó a cabo 'en defensa propia'. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, condenó el ataque y criticó a Israel por no evitar la muerte de civiles.

Es sólo un ejemplo, pero hace nueve años, las respuestas de la ONU y otros organismos internacionales a las acciones israelíes eran exactamente iguales a las de hoy. La Operación Plomo Fundido en diciembre de 2008 es quizá el caso más reciente. Y resulta llamativo que Naciones Unidas no haya sabido reaccionar con determinación incluso cuando Israel ha atacado a sus propios trabajadores.

El 15 de enero de 2009, durante la invasión, Israel bombardeó la sede de Ayuda Humanitaria a los Refugiados palestinos en Gaza, un hotel con periodistas y dos hospitales de la Media Luna Roja. Ban Ki- Moon, actual secretario general de la ONU, se limitó a decir que había 'que detener el fuego de manera inmediata y llegar a una tregua, del resto se podrá hablar después. Es inaceptable lo que está pasando en Gaza'.  

En aquel ataque y otros, tal y como denunciaron los medios internacionales, los propios trabajadores de la ONU y de algunas ONG, había evidencias claras de que los soldados israelíes habían empleado fósforo blanco. Este tipo de armamento está prohibido por las leyes internacionales y su uso en la invasión israelí de Líbano en 2006 no fue motivo de sanciones. Tampoco esta vez. Israel reconoció que había empleado dicho armamento, expedientó a algunos de sus oficiales y el asunto se cerró.

Nueve meses más tarde la ONU había elaborado un documento de 600 páginas, el denominado Informe Goldstone, en el que condenaba el 'uso abusivo de la fuerza' por parte del Ejército de Israel en la invasión. Con 1.414 civiles muertos, 420 de ellos niños, Naciones Unidas acusaba a Israel de 'violar la ley internacional' y cometer 'crímenes de guerra', pero fue incapaz de encontrar el consenso para imponer al Gobierno israelí una sanción o el pago de unas reparaciones. El bloqueo a la franja tampoco ha sido motivo suficiente para una batería de sanciones pese a que la ONU lleve varios días recordando que Israel sólo está permitiendo pasar a Gaza el 10% de la ayuda humanitaria que le corresponde.

La impunidad israelí ni siquiera se limita al conflicto dentro de sus fronteras. En enero de este año, varios agentes del Mosad se infiltraron en Dubai utilizando pasaportes falsos de ciudadanos europeos y asesinaron en un hotel de lujo a otro líder de Hamás. Pese a las grabaciones de las cámaras del hotel, el informe independiente que vino después y la crítica de países como Reino Unido, Israel negó que hubiera organizado dicha operación. En un comunicado, la Unión Europea condenó 'de manera firme la suplantación de la identidad de varios ciudadanos europeos' sin nombrar si quiera a los servicios secretos israelíes. La ONU guardó silencio.

Si las condenas de la comunidad internacional no han funcionado, tampoco lo han hecho las iniciativas independientes de varios países. En octubre de 2009, un juez decretó una orden de arresto por crímenes de guerra contra los políticos israelíes que visitaran Reino Unido. En la práctica, ninguno ha sido detenido.

Ha habido episodios como el de la ex ministra de Exteriores, Tzipi Livni, que canceló un viaje a Londres para dar una conferencia por temor a ser retenida por la Policía. La paradoja está en que, mientras que los tribunales intentan juzgar a los responsables de la invasión de Gaza, el Gobierno británico trató de encontrar un resquicio legal para evitar dichas órdenes y conseguir que no se erosionen las relaciones entre ambos países.

Luego está el caso de España. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, trató de investigar el asesinato de Shahada al que se hace referencia al principio de el texto. El caso fue archivado después de que el Congreso de los diputados aprobara limitar la jurisdicción universal por presiones del Gobierno israelí