La lucha de los rebeldes del Bajo Aguán obtuvo ayer una gran victoria: la adjudicación de 11.000 hectáreas de tierras para los 28 grupos campesinos y el compromiso presidencial para replegar a los miles de soldados que desde el fin de semana intimidan a los miembros del MUCA (Movimiento Unificado Campesino del Aguán) en esa zona atlántica de Honduras.

'Reconocemos que se nos ha otorgado más tierra, pero nosotros vamos a las bases para entregarles este compromiso', manifestó a La Prensa el portavoz del MUCA, Rudy Hernández, al acabar la cumbre en la Casa Presidencial.

El acuerdo es preliminar y debe ser aprobado en asamblea por los campesinos. En la reunión, que se prolongó durante 14 horas, se pactó también la construcción de 100 viviendas en dos años, así como distintas mejoras en salud y educación. Un organismo independiente certificará su cumplimiento.

El conflicto, que se prolonga desde principios de año, se ha saldado con la muerte de ocho campesinos, según el recuento efectuado por organizaciones humanitarias y la propia MUCA. La mayoría fueron asesinados impunemente y otros, los menos, murieron en enfrentamientos con el ejército de guardias de seguridad que protegen a los millonarios terratenientes de la zona.

Rasel Tomé, coordinador de la Resistencia y mano derecha del ex presidente Manuel Zelaya, aseguró a Público que entre los asesinos se encuentran paramilitares colombianos.

En un comunicado hecho público por estas organizaciones, se exige 'la investigación efectiva de todas las muertes de campesinos, así como el juicio y sanción de sus responsables'. La Corte Interamericana de Derechos Humanos prepara una visita a Honduras para investigar estas denuncias y también la muerte de seis periodistas.

Ante la ola de violencia que recorre el país, el Gobierno de Lobo ha decretado que el ejército salga a la calle, siguiendo los pasos del presidente salvadoreño, Mauricio Funes, que ha desplegado sus fuerzas para luchar contra la violencia.

Este principio de acuerdo se ha alcanzado horas después de que el presidente Porfirio Lobo se reuniera en Managua con el nicaragüense Daniel Ortega, el único mandatario centroamericano que no ve con buenos ojos la integración de Honduras en los mecanismos regionales.

En esta política de un paso adelante y otro para atrás, ayer también se dio a conocer la integración definitiva de la Comisión de la Verdad, establecida en los Acuerdos Tegucigalpa/San José y cuya función es esclarecer los hechos sucedidos antes, durante y después del golpe de Estado del 28-J del año pasado. El informe estará listo en ocho meses. Pero la gran sorpresa es que las informaciones confidenciales pueden permanecer en secreto durante diez años.