La autoridades penitenciarias israelíes han sancionado a decenas de prisioneros palestinos, a los que consideran responsables de la huelga de hambre de tres días que los reclusos han convocado. El primer día de esta protesta tuvo lugar el 7 de abril, y los dos días restantes serán el 17 y el 27 de este mes. Las medidas de castigo afectan a internos de varios centros, incluidos 36 reclusos de Damun, una prisión situada a las afueras de la ciudad de Haifa.

Los presuntos líderes de la huelga, que en su primer día observaron unos 7.000 prisioneros, han sido castigados con medidas como la limitación de salir al patio durante sólo una hora al día y la prohibición de comprar en los economatos de la prisión, así como de mantener correspondencia con sus familias. Los internos han respondido amenazando con incrementar las protestas, que llevan a cabo para mejorar sus condiciones de vida.

Se han limitado las salidas al patio y a los reos se les prohíben las cartas

Los reos palestinos exigen un paquete de medidas de diversa índole que incluyen que se permita las visitas de sus familiares sin cortapisas, también para los prisioneros oriundos de la franja de Gaza, que los reclusos puedan presentarse a los exámenes de graduado escolar, y que se ponga fin al aislamiento de prisioneros como castigo, una medida bastante extendida. También piden que se autoricen sin restricciones las visitas médicas a los enfermos, y que se acabe con el castigo colectivo contra el conjunto de la población carcelaria.

Desde hace casi cuatro años, Israel no permite a las familias de los presos palestinos de Gaza que entren en Israel ni en Cisjordania para visitarlos. Varias organizaciones de derechos humanos occidentales han denunciado que este es un castigo colectivo que viola la legislación internacional. Sin embargo, los israelíes han decidido desoír estas críticas.

La orden convierte a un gran número de palestinos en infractores de la ley

Además, una decena de organizaciones locales denunció ayer la inminente entrada en vigor de una orden militar israelí que permitirá la deportación masiva de palestinos de Cisjordania, aduciendo que carecen de una autorización expedida por las fuerzas de ocupación para residir en la zona. La orden también podría aplicarse a los extranjeros que viven en Cisjordania.

Israel, a través de su ejército, se reserva el derecho de decidir qué palestinos residen legalmente en Cisjordania. Las autoridades israelíes deciden, a menudo a discreción, quién tiene o no permiso de residencia. Los palestinos pueden perder este permiso por muchas razones; por ejemplo, por marcharse a estudiar durante un tiempo al extranjero.

La nueva orden entrará en vigor mañana y se cree que decenas de miles de palestinos se convertirán automáticamente en infractores de la ley y por lo tanto en susceptibles de ser deportados automáticamente. La orden define como 'infiltrado' a 'cualquier persona que está presente en la zona y no posea un permiso legal' expedido por las autoridades de ocupación.

El lenguaje de la orden es sumamente ambiguo y aplica el término 'infiltrado' a cualquier palestino de Cisjordania, de Jerusalén, ciudadanos extranjeros e incluso a israelíes judíos que se hayan desplazado a Cisjordania sin una autorización legal. La norma excluye deliberadamente a los colonos que residen en los asentamientos judíos de la región.