Un gobernador ha sido arrestado en el ejercicio de su cargo por primera vez en la historia de la democracia de Brasil. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) brasileño ordenó el jueves la detención preventiva del gobernador del Distrito Federal de Brasilia, José Roberto Arruda, y cinco de sus subalternos, en el marco de la llamada Operación Caja de Pandora. Se le acusa de dirigir una 'organización criminal' y de obstrucción a la Justicia, por haber intentado sobornar a un periodista.

La decisión del alto tribunal sorprende y crea un precedente relevante en un país que se ha caracterizado por la impunidad de los dirigentes corruptos. 'Necesitamos ser más duros con la corrupción, con el corrupto y con el corruptor', dijo ayer el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Y la Orden de Abogados de Brasil dijo que la detención de Arruda 'puede ser el marco histórico de la quiebra de la impunidad en la política brasileña'.

Un vídeo muestra como Arruda y sus socios se reparten fajos de billetes

El escándalo saltó a los medios de comunicación en noviembre pasado, cuando se divulgaron grabaciones de cámaras ocultas que mostraban al gobernador con varios diputados y miembros de su gobierno negociando el reparto de sobornos de empresarios que habían suscrito contratos públicos. Las imágenes eran obscenas: se veía a los implicados guardarse fajos de billetes entre las ropas, debajo de los calcetines o incluso de la ropa interior.

Fue demasiado, hasta para el paciente pueblo brasileño. Una de las imágenes que más indignaron a la opinión pública mostraba a Durval Barbosa ex socio de Arruda y principal cómplice de la policía para grabar los vídeos y a otros implicados rezando una oración para agradecer a Dios los favores recibidos.

El gobernador, que deberá abandonar su cargo, se entregó el jueves en la sede de la Policía Federal, donde pasó la noche. Y el alto tribunal decidió ayer mantener la prisión preventiva.

'Necesitamos ser más duros con la corrupción', dice el presidente Lula

Su cargo lo ocupará provisionalmente el vicegobernador, Paulo Octávio Alves. Esto levanta suspicacias, pues Alves también ha sido salpicado por el escándalo, como diez de los 24 diputados de la Asamblea Legislativa regional, que desde noviembre ha bloqueado cualquier intento de iniciar un juicio político contra Arruda. La Orden de Abogados de Brasil ya ha anunciado que pedirá la inhabilitación de Alves si éste continúa en el cargo.

Al mismo tiempo, la Procuradoría General de la República pidió una intervención del Estado federal en la Administración de Brasilia, al entender que existe allí 'una verdadera organización criminal'. El STF se pronunciará sobre este extremo en un plazo de diez días. Lula confirmó que el Gobierno federal 'intervendrá' en Brasilia si así lo determina la Justicia.

El presidente fue informado de la orden de detención de Arruda en una llamada telefónica del director de la Policía Federal, a quien el mandatario recomendó tratar el asunto 'con mucho cuidado y respeto', según divulgó el diario Folha de São Paulo.

El diario O Estado de São Paulo recordó que el Distrito Federal arrastra 'una verdadera colección de escándalos'. La prensa polemizó, además, sobre el supuesto trato de favor recibido por Arruda, que habría dormido en una sala con sofá, algo que niega la Policía.

Arruda era, antes del escándalo, un valor en alza en el partido de derechas Demócratas (DEM), pero la repercusión de los vídeos fue de tal magnitud que se vio obligado a abandonar la formación en diciembre. Sin embargo, siguió aferrado a su puesto, incluso después de la orden de detención.

Ayer, Arruda envió una carta a la Asamblea Legislativa en la que pide una excedencia 'durante el tiempo que dure esta medida coercitiva', que él calificó de 'impropia y absurda'. En la misiva, sostiene que está siendo víctima de una 'agresión', de una 'campaña insidiosa' dirigida a destruirlo política y personalmente. Lo cierto es que Arruda, a sus 56 años, tiene muchas posibilidades de decir adiós para siempre a la alta política.

Mientras, la decisión judicial ha abierto una crisis en el DEM, que, pese a la presión de algunos de sus parlamentarios, no quiso disolver la directiva del Distrito Federal ni exigir la salida del Gobierno regional de los implicados en el escándalo.