El testimonio de dos ex consejeros jurídicos del Foreign Office ha servido para dejar patentes las dudas sobre la legalidad de la invasión de Irak y el extraño comportamiento del fiscal general, Lord Goldsmith, en el asesoramiento que dio al Gobierno de Tony Blair.

Lord Goldsmith envió a Blair el 14 de enero de 2003 un borrador de informe sobre la invasión en el que destacó que era necesaria una segunda resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para justificar el ataque. La resolución 1441, aprobada en noviembre de 2002, no era suficiente.

Sin embargo, por razones nunca explicadas, el 17 de marzo, unos días antes de la invasión ya había cambiado de opinión. No había inconvenientes jurídicos en iniciar las operaciones. ¿Fue presionado por Blair? ¿Por qué el Gobierno no le dejó entregar su informe definitivo hasta que las tropas no estuvieran preparadas para entrar en territorio iraquí?

Son preguntas a las que Goldsmith podrá responder este miércoles en su comparecencia en la comisión de investigación. 

Los abogados del Ministerio de Exteriores nunca tuvieron dudas. Michael Wood, principal asesor jurídico del ministro Jack Straw, declaró que la guerra fue “ilegal”. Lo mismo dijo su número dos, Elizabeth Wilmshurst, que presentó la dimisión en protesta por la guerra.

“Considero que el uso de la fuerza contra Irak en marzo de 2003 fue contrario al derecho internacional”, explicó Wood. Ni había sido expresamente autorizado por el Consejo de Seguridad ni existía razón que lo justificara desde el derecho internacional. Ambos, junto a otros abogados, comunicaron su punto de vista a Straw, pero el ministro desechó sus críticas desde el primer momento.

Dudas falsas

Cuando se presentó ante la comisión, Straw dijo que había dudado hasta el final sobre la invasión y que el cambio de régimen por sí solo no servía como justificación. La imagen de Straw como guerrero reticente ha quedado malparada.

Wood vio claras sus intenciones cuando leyó el acta de una reunión de Straw con el vicepresidente de EEUU. El ministro británico le dijo a Dick Cheney que era correcto ir a la guerra sin una segunda resolución “si el Reino Unido intentaba que se aprobara aunque no lo consiguiera, como se hizo en Kosovo”.

El consejero jurídico informó a su ministro de que estaba equivocado. En su opinión, la segunda resolución era imprescindible. Y Kosovo no era un precedente, porque en ese caso existía la necesidad de impedir “una catástrofe humanitaria” inminente, lo que no ocurría en el caso de Irak.

¿Cuál fue la respuesta de Straw? “Dijo que yo estaba siendo demasiado dogmático –explicó Wood– y que el derecho internacional era bastante ambiguo”.

Straw sostenía que al no haber un tribunal internacional para dilucidar esas cuestiones, eso permitía más flexibilidad en la interpretación de las normas. Wood le dijo que era al revés, en ese caso había que ser más escrupuloso.

En sus declaraciones públicas, las autoridades británicas alardeaban de su respeto por el derecho internacional y la ONU. La opinión de Straw demuestra que en sus despachos eran mucho más flexibles si eso convenía a sus intereses.

El ministro de Exteriores sí era consciente de las consecuencias jurídicas de sus decisiones. En octubre de 2002, según un documento desclasificado ayer, pidió a sus consejeros un informe urgente sobre lo que ocurriría en caso de “uso de la fuerza en Irak sin una autorización internacional”, es decir, si había que temer una querella contra los ministros por una invasión sin justificación legal.