Los políticos israelíes que viajen al Reino Unido podrían empezar a respirar tranquilos. Según informa el diario The Times este miércoles, el Gobierno británico está pensando en dotar a la Fiscal General del derecho a veto para frenar las órdenes que emite la Justicia cada vez que un miembro o ex miembro del Gobierno de Israel pretende viajar a Londres.

Hasta la fecha ha habido tres casos de políticos israelíes que no han podido llegar a la capital británica por las órdenes de arresto que pesan contra ellos. La última fue la ex ministra de Exteriores Tzipi Livni, que canceló una visita a la comunidad judía en Reino Unido por la posibilidad de ser detenida.

Antes, el misnitro de Defensa, Ehud Barak y el general Doron Almog, estuvieron a punto de ser detenidos. Esta semana se esperaba la visita a Londres de una comitiva del ejército israelí que, como en el caso de Livni, tuvo que ser cancelada por miedo a los arrestos.

Tras el incidente con Livni, el ministro de Exteriores británico, David Miliband, dijo que se debía buscar una solución a este tema porque la situación podría dañar las relaciones entre Reino Unido e Israel.

De hecho, desde Israel se avisó a Londres de que suspenderían la colaboración en lucha antiterrorista si persisten las amenazas.

Según informa el diario, la Fiscal Baroness Scotland, que se encuentra en Jerusalén en estos momentos, solicitó que su gabinete tuviera el poder de vetar las órdenes de arresto. Este sería el primer movimiento del Gobierno para cambiar la situación.

Sin embargo, que la Fiscal consiga este derecho a veto no parece una cosa sencilla. Todo cambio de la situación legal actual debería pasar por el Parlamento y los laboristas están retrasando ese paso por miedo a que dentro de su propio partido se abra un debate sobre la conveniencia de apoyar o no a Israel de cara a la opinión pública.

Mientras tanto, el diario Haaretz informa hoy de que el Ejército israelí está meditando la posibilidad de tener asistencia legal cada vez que lleve a cabo operaciones de combate y no sólamente durante su planificación, como hacían hasta ahora.

Las acusaciones de crímenes de guerra después de matar a 1.400 palestinos en la operación Plomo Fundido en Gaza a principios del año pasadoes la principal razón. Según el periódico, la orden la ha dado el jefe del Estado Mayor, Gabi Ashkenazi. Sin embargo ha contado con una gran oposición dentro del Ejército por las voces que consideran que las operaciones deben seguir el mismo esquema de la última ofensiva.

Pese al cambio de estrategia, los asesores legales sólo trabajarán con los cuarteles de división, en vez con los de brigada o batallón, como suele hacerse en los Ejércitos occidentales, incluido el estadounidense, apunta el rotativo.