Las imágenes de un Silvio Berlusconi ensangrentado primero y cubierto de vendas después no le van a salir gratis a Italia. El primer ministro italiano espera convertir la violenta agresión por parte de un enfermo mental el pasado domingo en Milán en una oportunidad política que le permita renovar el idilio con su electorado y, de paso, allanar el camino para aprobar un escudo judicial que lo proteja de los juicios pendientes.
Y lo está logrando, por ahora: mientras su popularidad recupera puntos en las encuestas, un sector de la oposición da signos de querer ayudarlo a eludir la Justicia. Además, se ha abierto la veda para discutir una reforma constitucional con la que el líder de la derecha italiana pretende aumentar su poder.
Il Cavaliere quiere visitar al agresor en la cárcel para
El primer ministro se plantea acudir estas Navidades a la prisión de Milán para escenificar su perdón al agresor, Massimo Tartaglia, según avanzó el sacerdote y amigo de Berlusconi, Luigi Verzé. Un gesto de este tipo permitiría a Il Cavaliere sacudirse la imagen de hombre encrespado, que dispara a sus enemigos 'con un par de cojones' , como decía en Bonn sólo dos días antes de la agresión.
'Silvio parece otro, ya no es la apisonadora sino el redentor' comenta el periódico romano Il Messagero. El primer ministro quiere aplicarse la lección de los últimos días: ha remontado en las encuestas, pero sigue por debajo de personajes políticos que han hecho bandera de la moderación, el presidente de la República, Giorgio Napolitano, y su rival en el partido Pueblo de la Libertad, Gianfranco Fini. Tras seis meses de escándalos y ataques a las instituciones, Il Cavaliere no llegaba ya al 50% de aprobación popular el día antes de la agresión. Ahora se sitúa entre el 55% y el 65%.
El magnate de la televisión, que se recupera de las dolorosas heridas en el rostro en su mansión de Milán, confía en ganarse el cariño de los italianos ofreciéndose como víctima de un sacrificio para apaciguar el país si lo consigue, dice, su 'dolor no habrá sido inútil'. El diálogo que ofrece a la oposición, sin embargo, tiene condiciones: tendrá que aislar a los críticos más acérrimos que, según Berlusconi, son 'fomentadores de la violencia', y seguirle en el camino de las reformas judiciales y constitucionales.
El líder del Partido Demócrata está dispuesto a dialogar sobre las reformas
Ahora que, tras una dura campaña de su entorno, ha conseguido pasar el mensaje de que Tartaglia no le hubiera lanzado la estatuilla en el rostro si no le hubiera incitado un presunto 'clima de odio' de la oposición, la prensa independiente y hasta los jueces, Berlusconi quiere cobrarse un gesto del líder del principal grupo opositor, el Partido Demócrata, Pier Luigi Bersani. Pretende arrancar concesiones y que, además, Bersani renuncie a aliarse con el juez Antonio Di Pietro, del partido Italia de los Valores, en las elecciones regionales de marzo.
Bersani respondió que estaba dispuesto a dialogar sobre reformas judiciales siempre que no se limiten a un simple blindaje del premier. Pero la presión es fuerte y viene incluso de la izquierda. Su padrino político y ex primer ministro, Massimo dAlema, asegura que 'tiene sentido pactar un tejemaneje' por el bien del país: más vale una ley para proteger al mandatario que aprobar otro proyecto de la derecha, la norma del proceso breve, que salvaría a miles de potenciales delincuentes.
Blindaje judicial
El partido opositor Unión de Centro ya ha tomado la delantera: está ultimando un acuerdo con la derecha sobre el proyecto del 'legítimo impedimento', una ley que permitiría al primer ministro evitar acudir a los juicios pendientes alegando la importancia de sus compromisos institucionales. Le serviría de escudo hasta que se aprobara una segunda norma, un blindaje judicial al estilo de la ley Alfano, que fue tumbada por el Constitucional en octubre. Para cumplir con los requisitos de la Corte, la norma esta vez tendría rango constitucional y precisaría de los apoyos de los dos tercios del Parlamento o un referéndum.
Bersani, por otra parte, acepta hablar de una reforma de la Constitución para revisar las funciones del Gobierno y del Parlamento, pero no para convertir a Italia en un país de corte presidencialista, como pretende Berlusconi.
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