La Ley de Medios de Comunicación Audiovisual vuelve a ser un asunto de controversia en Argentina después de que un juez federal decidiera ayer suspender la aplicación de dos de sus artículos. Esta disposición responde a una medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín, el mayor conglomerado mediático del país.

Uno de los artículos que ha sido declarado inconstitucional por el juez Edmundo Carbone es el 41, que sólo autoriza la transferencia de licencias con la supervisión de la Autoridad de Aplicación (el ente regulador).

El otro artículo dejado sin efecto es el 161, que otorga a las empresas el plazo de un año para desprenderse de las licencias que excedan la cantidad permitida por la ley.

Para el juez, eso significa vulnerar la libertad de prensa. Según Carbone, los dos artículos contravienen lo dispuesto en el Código Civil, ya que 'las leyes no tienen efecto retroactivo y la retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales', según las palabras del juez en el auto en el que justifica su decisión.

El juez consideró en su resolución, enviada a la jefatura de Gabinete argentina, que los artículos en cuestión 'conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita'.

La nueva ley de medios, aprobada por el Senado el pasado octubre, reduce de 34 a 10 las licencias que pueden tener las compañías. El Grupo Clarín, dueño de medios impresos, emisoras de radio, televisiones y medios digitales, es uno de los más afectados.

La respuesta del Gobierno llegó de boca del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, para quien la resolución del juez es 'sorprendentemente extraña' y, según él, 'seguramente será revocada por una instancia judicial superior'.

Según Alak, la medida de Carbone no es una declaración de inconstitucionalidad, sino una medida 'provisional, un examen superficial de la cuestión' que además, 'no es firme porque no ha sido confirmado en una instancia superior'. El Gobierno ha comunicado que recurrirá la resolución.

El ministro considera 'llamativo' que el juez se haya pronunciado a dos semanas de que se haga efectiva su renuncia, fechada para el 31 de diciembre de este año. 'Nadie en sus cabales [hace esto] faltando 15 días para retirarse', añadió.

El jefe del Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, también ha cuestionado la actuación del juez. 'La gente cercana' a Carbone, señaló ayer, 'dice que la presión por parte del monopolio fue muy fuerte'.