Josefa Llidó (Xàbia, Alicante, 1936) es de figura menuda, como era su hermano. No es lo único que les unía.

Ambos compartían una fuerte determinación. La de Antoni, por la defensa de los oprimidos hasta perder la vida en 1974 en las cárceles de Pinochet. La de Josefa, por que el crimen de su hermano no quede impune.

La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile acaba de ratificar la condena de siete años de prisión para cuatro militares retirados y ex miembros de la DINA a los que responsabiliza de la desaparición del cura valenciano. Además fijó una indemnización de 188.000 dólares para su hermana Josefa.

«El obispo Tagle, de Valparaíso, justificaba ese tipo de prácticas»

¿Se ha hecho justicia?

La pena nos parece corta. Siete años de prisión son pocos. Pero no vamos a recurrir. Pedíamos que se hiciera justicia, que se castigara a los responsables y que se hiciera público que secuestraron e hicieron desaparecer a mi hermano. Lo hemos conseguido. Supongo que el Estado chileno recurrirá para rebajar la indemnización y el caso llegará a la Corte Suprema.

¿Se incluye a todos los responsables de su desaparición en la sentencia?

No. En primera instancia había siete procesados. También estaba Pinochet, del que pedimos su desafuero, pero al morir quedó fuera del proceso. Los autores materiales que aparecen en la sentencia son los que se han podido comprobar. Pero todos sabemos que hubo muchos más involucrados. Por ejemplo, el obispo de Valparaíso, Emilio Tagle, que conocía la situación de mi hermano, pero no hizo nada para conseguir su libertad.

¿Considera a este obispo cómplice del asesinato de Antoni?

Sí. A él y a la jerarquía de la Iglesia chilena. Tagle dijo en 1975 que mi hermano estaba bien y que pronto saldría en libertad, pero ya lo habían matado y hecho desaparecer. No me creo que [Tagle] desconociera este hecho. Era de la cuerda de Pinochet y justificaba este tipo de prácticas. Tras el golpe llegó a decir que era necesario que se derramara sangre en Chile.

¿Cuál ha sido la actitud de la Iglesia española?

No han hecho nada. La jerarquía eclesiástica es generalmente muy retrógrada y conservadora. Antoni les resultaba incómodo por su compromiso. Decía las verdades y no se escondía. La dictadura de Pinochet hizo desaparecer su cuerpo y la Iglesia española su memoria como sacerdote. Nunca lo han reivindicado. Hasta nos han negado el acceso a los archivos del Arzobispado de Valencia.

Dicen que los datos sobre mi hermano son secretos durante 50 años. Pero no toda la Iglesia es así. El Comité Pro Paz y La Vicaría de la Solidaridad [creados en Chile tras el golpe de Estado para identificar a los desaparecidos] nos ayudaron mucho. También sacerdotes chilenos como José Aldunate, Mariano Puga y Jesús Rodríguez han luchado por esclarecer el asesinato de mi hermano.

¿Dónde cree que acabaron sus restos?

Se ha dicho de todo. Que lo tiraron al mar. Que lo llevaron a Colonia Dignidad [campo de detención de origen nazi al sur de Santiago]. Nuestro abogado en Chile piensa que nunca encontraremos el cuerpo de Antoni. A no ser que alguien señale dónde está. Pero es muy improbable. Hay gente que sabe pero que no habla por miedo. Los responsables siempre se han protegido entre ellos y ha sido destruida mucha documentación militar.