Los disturbios desatados en la capital de Honduras tras el regreso al país de su presidente depuesto, Manuel Zelaya, se han cobrado otra víctima mortal.

Un manifestante seguidor de Zelaya ha fallecido tras ser disparado en los enfrentamientos entre la policía golpista y los seguidores 'zelayistas', según fuentes judiciales del país centroamericano. Zelaya aseguraba hace unas horas desde la embajada que los golpistan tenían un plan para acabar con él.

El simpatizante de Zelaya de 65 años participaba en una manifestción que reclamaba la vuelta al poder del depuesto presidente cuando recibió el disparo, después de que la policía llegara para controlar la protesta.

Desde el lunes, los ciudadanos leales al presidente constitucional han tomado las calles de Tegucigalpa para dar apoyo al presidente depuesto

El enfrentamiento ha tenido lugar durante la noche del martes al miércoles en un districto pobre de la capital, según la misma fuente. Aunque anteriormente ha habido otras víctimas mortales, se trata de la primera de la violencia política desatada desde que Zelaya entró en el país y se refugió en la embajada brasileña en Tegucigalpa.

Se ha producido un aumento de las palizas policiales, los arrestos masivos de manifestantes contrarios al Gobierno de facto y la intimidación a activistas pro derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de junio, según Amnistía Internacional (AI).

'La situación en Honduras sólo puede describirse como alarmante', denunció Susan Lee, directora de Amnistía para las Américas, en un comunicado emitido desde la sede de la organización defensora de los derechos humanos en Londres.

Tras la vuelta a Tegucigalpa de Zelaya, AI aseguró que 'numerosos manifestantes' fueron agredidos ayer por las fuerzas del orden y 'algunos cientos' detenidos en la capital, después de que la Policía dispersase una protesta ante la legación diplomática.

Según Lee, 'los ataques contra los defensores de los derechos humanos, la suspensión de medios de comunicación, las palizas de la Policía y las informaciones de arrestos masivos indican que los derechos humanos y el imperio de la ley corren un grave riesgo en Honduras'.

La organización cree que, como paso para sacar al país de la crisis, el Gobierno de facto de Robert Micheletti debe 'detener la política de represión y la violencia' y, en cambio, 'respetar los derechos a la libertad de expresión y de asociación'.