Philippe Sands, jurista británico de 49 años, es uno de los mayores expertos en derecho internacional, materia que imparte en el University College de Londres. Es consejero real y referente internacional contra los abusos de la 'guerra contra el terrorismo', lo que le ha llevado a comparecer en varias ocasiones ante el Congreso de EEUU.
Su libro The Bush Six, en el que evidencia las responsabilidades del equipo jurídico del ex presidente estadounidense en el intento de redefinir el concepto de tortura y construir el andamiaje legal que justificó Guantánamo, inspiró la querella presentada en España, dirigida inicialmente sólo contra el equipo de abogados de Bush.
Sands considera que la decisión del fiscal general estadounidense, Eric Holder, de nombrar a un investigador especial para los casos de tortura de la CIA, tiene mucho que ver con la querella en España y la importancia de que esté en manos del juez Baltasar Garzón: 'La reciente decisión de Holder enfatiza lo adecuada que es la investigación en España. Muchos creen que esta decisión ha tenido importantes y directas consecuencias en EEUU recordando a la gente que existe una obligación de investigar la tortura', explica a Público.
Y añade: 'Las acciones de Garzón han sido catalíticas, tienen el apoyo de mucha gente en EEUU, incluido en el Congreso. Ha recordado a todos que no puede hacerse la vista gorda ante estas acciones y que no se van a dejar pasar'.
A juicio de Sands, el gesto de Holder es sólo un primer paso, 'limitado a ciertos casos en los que los interrogadores pueden haber excedido los límites formalmente autorizados por la Administración de Bush, incluyendo los consejos legales del Departamento de Justicia'. Por tanto, en su opinión, los arquitectos de las 'decisiones legales que abrazaron la tortura no están en riesgo inmediato en EEUU'. 'Es obvio que no existe ninguna barrera legal para que la investigación española continúe'.
Por ello es 'importante', agrega el prestigioso jurista, que Garzón abra el caso con todas sus consecuencias. 'Holder ha confirmado la relevancia de la Convención contra la Tortura, pero sólo ha emprendido un primer paso que no se dirige realmente contra los verdaderamente responsables de su violación'.
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