El Gobierno de Álvaro Uribe prepara una reducción del censo electoral para facilitar el triunfo del presidente en el referéndum que debe modificar la Constitución y autorizar su tercer mandato La iniciativa está constituyendo un escándalo nacional.

Si la convocatoria del referéndum, que autorizó el Congreso el pasado martes por un solo voto, sale adelante en el Tribunal Constitucional, la mayor dificultad de Uribe estará en conseguir movilizar a unos 7,3 millones de votantes la cuarta parte del censo electoral y en que la mitad más uno de ellos vote favorablemente a su posible continuidad.

Ese fue el mayor problema del anterior referéndum, que en 2003 se organizó con el fin de dejar las manos libres al uribismo para reformas políticas y económicas. Uribe no consiguió la mayoría necesaria, lo que le provocó una prolongada depresión.

Lo que están tratando ahora los estrategas del presidente es incluir en el proyecto de reglamentación de la reforma política que se tramita en el Congreso una reducción del censo actual de hasta un 45%. Se trataría de que el colegio electoral se constituyera sumando sólo los ciudadanos que votaron en las pasadas elecciones y sólo los que han tramitado nuevos documentos de identidad desde entonces. Así quedarían menos de 17 millones de posibles electores frente a los 29 millones potenciales.

Aunque una reforma de este calibre requiere una Ley estatutaria, con mayoría absoluta parlamentaria y su aprobación por el Tribunal Constitucional, según el ex Fiscal General y senador de Cambio Radical (centroderecha), Alfonso Valdivieso, el Gobierno puede ordenar su trámite de urgencia 'y reducir a la mitad el tiempo para su estudio, con lo que la norma podría quedar lista en unos cuatro meses'. Así, Uribe tendría tiempo suficiente para montar el referéndum de su reelección con un censo electoral a su medida.

Las maniobras para modificar las leyes y la propia Constitución se producen en una lucha contra el tiempo y los obstáculos que gravitan contra todo el proceso reeleccionista. Uno de los más importantes es el dictamen pendiente del Consejo Nacional Electoral sobre la trasparencia en el proceso de recogida de firmas para promover el referéndum reelecionista y su financiación.

Según la legislación vigente en Colombia, dicha financiación no podía superar los 335 millones de pesos (unos 115.000 euros), mientras que los promotores gastaron más de 2.000 (unos 691.000 euros), la mayor parte aportada por contratistas agradecidos a la Administración uribista.