El régimen golpista hondureño de Roberto Micheletti ha aplicado, desde que derrocó al presidente Manuel Zelaya en el golpe de Estado del 28 de junio, un uso 'desproporcionado de la fuerza', ha practicado miles de detenciones arbitrarias y ha acosado y cerrado medios de comunicación opuestos al golpe.

Así lo afirmó ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la presentación del informe de la misión de cinco días que ha realizado en el país.

'Durante la visita señala el informe la Comisión confirmó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía'.

Las manifestaciones han siso reprimidas no sólo por la Policía, sino también y de forma preocupante por el Ejército. 'Muertes, torturas, malos tratos, cientos de heridos y miles de detenciones arbitrarias' han sido el resultado. El informe documenta cuatro muertes de opositores al golpe.

'La Comisión constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención', añade el documento.

La misión afirma que el golpe ha creado una situación de 'ilegitimidad democrática' y ha constatado la existencia de una 'aguda polarización.

Pese al rechazo generalizado de la comunidad internacional, Roberto Micheletti, quien era hasta el golpe presidente del Parlamento, se ha mantenido al frente del Gobierno de facto.

La delegación, compuesta por la presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía Guerrero, y otros cinco delegados, se reunió del 17 al 21 de agosto con el Gobierno de facto y con manifestantes y medios de comunicación.

El control de la información es otra de las denuncias destacadas en sus conclusiones. Este se ha ejercido a través del cierre temporal de algunos medios de comunicación, prohibiendo las emisiones de canales de televisión por cable que informaban sobre el golpe de Estado y aplicando cortes selectivos de electricidad para afectar la transmisión de medios que informaban sobre el golpe.

También ha habido 'agresiones y amenazas a periodistas de medios con posiciones editoriales contrarias al golpe de Estado'.