El Gobierno de Barack Obama no piensa limitarse a Guantánamo y ha decidido reformar las cárceles secretas de Afganistán, donde también se han producido abusos contra los detenidos. Pero las buenas intenciones tienen sus limitaciones logísticas; los informes se están acumulando y de momento no hay destino para los presos que siguen en el limbo.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, mandó la semana pasado un mensaje confidencial a los responsables militares en Afganistán para que transmitieran a sus tropas la importancia de tratar adecuadamente a los detenidos, informó ayer The New York Times.

Especialmente en Bagram, la prisión de la base militar estadounidense al norte de Kabul, que se ha convertido en el Abu Ghraib afgano. Allí murieron dos prisioneros en 2002, tras los malos tratos que se les infligieron. Menos controlada que Guantánamo, Bagram es el lugar donde el Ejército guarda a los sospechosos más peligrosos de la zona, sin ningún tipo de protección legal, más aún en un país que carece de sistema judicial.

Como apuntaba el diario neoyorquino, no sólo Bagram está en cuestión, sino otras muchas cárceles improvisadas en el resto de Afganistán, a veces en antiguas estructuras soviéticas, donde se estima que están hacinados unos 15.000 prisioneros.

'Por todo el país, policías, jueces, fiscales y funcionarios de prisiones están deteniendo y encarcelando a ciudadanos afganos de forma arbitraria, algo que pasa con una regularidad alarmante', describe un informe de Naciones Unidas del pasado enero.

Un estudio llevado a cabo por el general Douglas Stone, del cuerpo de Marines, distribuido hace algo más de un mes, ha aconsejado aplicar en Afganistán los mismos cambios que llevó a cabo en Irak, tras una investigación similar, y que establecen separar a los elementos más radicales de los moderados.

Estos últimos podrían beneficiarse de un trato más humano, e incluso de clases de 'islam moderado' y de enseñanza profesional para ayudarles a readaptarse a la vida civil, unas medidas que en Irak supusieron la puesta en libertad de decenas de miles de prisioneros, la mayoría detenidos por delitos menores.

El Pentágono conseguiría así centrarse en los elementos más extremistas del frente afgano al que el Gobierno de Obama dedica el grueso de sus esfuerzos bélicos, para que, en la trinchera diplomática, EEUU pueda apoyarse en los elementos talibanes más moderados. Las medidas se inscriben en una estrategia global sobre el trato de lo que hasta ahora se consideraban, usando la jerga del Gobierno Bush, 'combatientes enemigos' y que incluye también a los 229 presos de Guantánamo.

El rompecabezas legal, político y logístico se está retrasando. El Departamento de Justicia ha pedido más tiempo, lo que podría hacer peligrar el anunciado cierre de Guantánamo, tal y como prometió Obama al llegar al poder.

El equipo que examina el historial de los detenidos en la base naval de Cuba, caso por caso, debería entregar sus resultados en octubre, aseguró ayer The Wall Street Journal. El problema está en las líneas generales de actuación que marcará la política del Gobierno demócrata, no sólo para los que ya son prisioneros, sino sobre todo para los que quedan por detener en el renovado asalto contra los bastiones talibanes.

Obama ya ha indicado que conservará una versión más legal de las polémicas comisiones militares creadas por Bush para juzgar a los sospechosos de terrorismo y que mantendrá en detención ilimitada a los elementos considerados más peligrosos.