El Gobierno peruano ha anunciado su intención de derogar dos controvertidas leyes que afectan directamente al pueblo indígena del país y que fueron uno de los desencadenantes de los violentos enfrentamientos que dejaron 34 muertos hace diez días.

En una reunión de trabajo con líderes selváticos en la región Junín, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, aseguró que no defraudarán a los pueblos indígenas porque 'los compromisos se cumplirán'.

Simon firmó un acta de entendimiento con los representantes de 390 comunidades indígenas en la que se compromete a proponer mañana al Congreso, a través de un proyecto de ley, la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064, conocidos como las leyes de la selva.

Ambos decretos regulan el uso y explotación de los recursos hídricos y naturales de la selva, incluidos los recursos gasísticos, petroleros y madereros. Los movimientos indígenas han denunciado en multitud de ocasiones que ambos estamentos contaban con un contenido lesivo y no respetan los mecanismos de consulta legales.

El primer ministro destacó los resultados del diálogo 'con los verdaderos representantes de los nativos, con los 'Apus', con la gente que tiene la voluntad real de solucionar sus problemas'. El resto de leyes en disputa (ocho en total) serán evaluadas por el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que se instalará mañana, martes, en Lima.

En el acta se acordó que las comunidades nativas levantarán el bloqueo de la carretera La Merced-La Oroya-Lima (nudo vital del país) por un lapso de cuatro horas diarias, hasta que se deroguen definitivamente los decretos legislativos.

El estado de emergencia en la región Amazonas, donde murieron 24 policías y diez civiles, se levantará mañana, agregó Simon.

El alcalde de la provincia de Bagua, en Amazonas, Luis Núñez Terán, que participa mañana en la reunión con Simon, dijo que la petición de derogatoria de las normas abre el camino a 'un mejor diálogo' con los aborígenes.

'Ya hay un clima de pacificación en Bagua, pero había mucha preocupación por la posible continuidad del estado de emergencia y del toque de queda', dijo el alcalde a la agencia estatal Andina.

No obstante, la presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organización amazónica que encabezó las protestas, Daysi Zapata, expresó sus dudas sobre las palabras de Simon. '¿Tantas vidas tenían que morir para que el Gobierno se dé cuenta de que las leyes estaban mal dadas?', se preguntó Zapata en un comunicado.

Por su parte, el Partido Nacionalista Peruano, que apoyó a los pueblos indígenas en sus reclamos y protestó airadamente contra las leyes de la selva, saludó que se haya dado 'marcha atrás'.

El portavoz nacionalista, Freddy Otárola, expresó su esperanza en que la presidencia del Congreso, que ocupa el oficialista Luis Velásquez, tenga el mismo tono dialogante que el primer ministro.

'Esperemos que esto traiga paz a todos los peruanos y que verdaderamente se legisle con los amazónicos y con las comunidades', declaró Otárola al Canal N.

En ese contexto arribará el martes a Lima el relator especial de la ONU para los Pueblos Indígenas, James J. Lenoir Anaya, por invitación del Gobierno peruano, según informó el canciller, José Antonio García Belaúnde. Su agenda, aún no definida, incluirá una visita a Bagua, epicentro de los disturbios.

La tensión persiste en la andina ciudad de Andahuaylas, donde representantes de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la municipalidad intentan disuadir a los dirigentes gremiales que acatan un paro indefinido desde el viernes pasado.

El aeropuerto de Huancabamba, cerca de Andahuaylas, está cerrado por la presencia de manifestantes, el tránsito de vehículos es restringido y los comercios atienden a puerta cerrada.

Por otro lado, estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y el Frente de Defensa de Ayacucho marcharon hoy pacíficamente por las calles de la ciudad del mismo nombre en solidaridad con la protesta amazónica.

El primer ministro de Perú, Yehude Simon, señaló que está dispuesto a pedir 'un millón de veces perdón' por los violentos choques que el pasado 5 de junio causaron la muerte de 34 personas, y anunció la creación de una comisión investigadora.

'Yo pido un millón de veces perdón. Al margen de si uno es responsable o no, pero como premier tengo que pedir perdón', afirmó Simon a su llegada a Lima tras mantener una reunión con los líderes de las comunidades indígenas que protestan en la región de Junín (centro) contra una serie de decretos legislativos.

'Este gabinete no tiene manchadas las manos de sangre y habrá una comisión que hará una investigación seria que buscará responsables de todas las muertes', afirmó Simon.

Lo que no aclaró es si esta comisión es la misma que aprobó hoy el Congreso peruano, que estará formada por cinco miembros, para intentar aclarar en 120 días cómo se produjeron los enfrentamientos, y sobre quienes debe recaer la responsabilidad de las muertes.