Los sindicatos británicos rechazan la idea de que las protestas contra la contratación de mano de obra extranjera en Inglaterra tengan tintes xenófobos. 'La protesta nada tiene que ver con la raza o la inmigración, sino con una cuestión de clase: los patronos están explotando a los trabajadores, independientemente de su nacionalidad, recortando salarios y condiciones', advirtió el lunes Derek Simpson, secretario general de Unite, principal sindicato del gremio.

Simpson está preocupado que las manifestaciones puedan ser explotadas con fines políticos por partidos y grupos ultranacionalistas.

La extrema derecha y los euroescépticos, entre ellos el partido UKIP, azuzan el fuego de la xenofobia con consignas proteccionistas y a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El origen de la ira de los trabajadores británicos es el centenar de obreros contratados por la empresa italiana IREM para construir nuevas instalaciones en la refinería Lindsey, de la petrolera Total, ubicada en Lincolnshire, en el este de Inglaterra.

La mayoría de los empleados son italianos y portugueses, que residen, desde el pasado diciembre, en una barcaza-vivienda amarrada a orillas del río Umber. Otros 300 trabajadores de países de la Unión Europea deberían seguir sus pasos en las próximas semanas.

Lindsey es el foco principal de la protesta, la chispa que ha hecho estallar la revuelta de obreros y desempleados británicos por todo el país. Las huelgas son espontáneas y no cumplen la legislación británica al carecer del respaldo oficial de los sindicatos, pero están afectando el ritmo de producción en una decena de centrales eléctricas.

Los británicos se sienten discriminados, sin posibilidad de acceder a puestos de trabajo en el sistema de subcontratas en el sector de ingeniería y construcción. Una directiva europea, de 1996, permite a empresas de servicios de la UE desplazar mano de obra para ejecutar tareas específicas en cualquier país de la Unión.

Algunos diputados británicos quieren someter a debate parlamentario la disputa laboral por la sospecha de que se discrimina a la mano de obra local. John Mann, diputado de un distrito de Nottingham, presentó una moción 'deplorando la utilización' de trabajadores extranjeros, contratados temporalmente e instalados en 'viviendas de inferior calidad'. 'Celebramos', añade la propuesta de debate, 'que los sindicatos expongan esta explotación'.

Unite y el resto de los sindicatos quieren saber si IREM ha incumplido la ley pagando sueldos inferiores a los pactados en los convenios británicos. Total y la empresa italiana se niegan a difundir 'por respeto a la confidencialidad' las condiciones de los contratos laborales en disputa.

Los abogados sindicalistas también intentan llegar al fondo de la principal queja de los obreros especializados del Reino Unido, a los que, según denuncian, se les impide solicitar trabajo en las empresas extranjeras. En este punto, el Gobierno ha tomado partido con los empresarios y defiende que no se está discriminando a los británicos.

La empresa asturiana, Duro Felguera, que tiene unos 50 empleados especializados españoles montando turbinas y calderas en una planta de Inglaterra, asegura que no se excluye a los trabajadores locales. 'Hemos subcontratado recientemente a una empresa inglesa con personal inglés para realizar determinadas labores en la planta de Staythorpe. Teníamos ofertas de empresas españolas, pero hemos subcontratado a una inglesa', explica el portavoz asturiano.

Las huelgas y protestas continúan mientras se negocia una salida al conflicto. Unite exige un 'trato justo' a sus afiliados y pide que se revisen las prácticas de las contratas y subcontratas.