Hu Jia, prominente activista pro derechos humanos y una de las voces más críticas con el Gobierno chino de los últimos años, fue condenado ayer por un tribunal de Pekín a tres años y medio de cárcel por subversión frente al poder del Estado.

La sentencia sobre Hu, detenido el pasado diciembre, amenaza con sumarse a las protestas internacionales por la situación en Tíbet y estropear aún más la imagen pública  de China, cuando quedan cuatro meses para los JJOO. El Gobierno chino ha sido muy criticado por la comunidad internacional durante las últimas tres semanas por la represión policial que ejerce sobre la comunidad tibetana, desde que estallaron los disturbios violentos en Lhasa, capital de Tíbet, el pasado 14 de marzo. Los activistas internacionales aprovechan la atención mediática que despiertan los JJOO para denunciar la falta de derechos humanos y de libertades -en especial, de expresión y de prensa- en China.

Hu, de 34 años, conocido por su participación en campañas para la lucha contra el sida y sus críticas abiertas a la falta de libertades en su país, fue condenado a pesar de que el Parlamento Europeo y EEUU habían intercedido en varias ocasiones en su favor.

El tribunal presentó como pruebas 'la publicación de artículos dentro y fuera de China, y aceptar entrevistas con la prensa extranjera', según informó la agencia oficial Xinhua. Hu fue acusado de difundir rumores subversivos en varios de sus artículos a través de Internet. Uno de ellos tenía por título 'China no necesita dos sistemas', en referencia a las diferencias existentes entre el régimen, más democrático, de Hong Kong y el del continente.

El historial de Hu en defensa de causas incómodas para el Gobierno se remonta a los años noventa cuando se interesó por las causas relacionadas con el medio ambiente. Empezó con la defensa del antílope tibetano.

De agosto de 2006 a marzo de 2007, pasó 214 días bajo arresto domiciliario junto a su esposa Zeng Jinyan, también activista. De esa experiencia salió el documental Prisoners of the Freedom City.

'Tres años y medio de prisión es la sentencia media para los acusados de subversión al poder', dijo ayer a un grupo de periodistas John

Kamm, director de la Fundación Dui Hua, una organización que vela por los derechos de los presos políticos en China, con el apoyo de EEUU. Para Kamm, ése fue el único consuelo de Hu.

Condena rápida

Kamm dijo estar sorprendido por la rapidez con la que Hu ha sido condenado: 98 días después de su detención, mientras que la media entre los acusados por subversión es de 200 días. La sentencia ha sido interpretada como una provocación por parte del Gobierno chino, en respuesta a las presiones de Occidente y al miedo a que se expandan por el país las protestas.

'Las autoridades chinas me han transmitido el mensaje de que no están dispuestos a hacer concesiones a la comunidad internacional', dijo Kamm. El número de presos políticos en China se ha duplicado en los últimos dos años, según Dui Hua.

La fundación estima que 742 personas fueron arrestadas en 2007 por 'poner en peligro la seguridad del Estado', un grupo que incluye a los condenados por incitar a la subversión. 'En 2008 veremos un boom en las detenciones por culpa de los disturbios en Tíbet y en Xinjiang', asegura Kamm.

Sus cifras de detenidos son mayores que las difundidas por el Gobierno, pero ambas fuentes coinciden en que la mitad de los arrestos se produce en Xinjiang, la provincia del extremo oeste, hogar de ocho millones de musulmanes de etnia Uighur. El primer ministro, Wen Jiabao, negó ayer que la represión sobre los derechos humanos haya empeorado con la llegada de los JJOO, como denunció Amnistía Internacional.