Mientras el Gobierno iraquí cerca a los mercenarios de Blackwater implicados en la matanza de 17 civiles, EEUU intenta salvarles el cuello con una inmunidad parcial.

El Ejecutivo iraquí, harto de la impunidad con la que actúan las compañías de seguridad privadas, aprobó ayer un proyecto de ley que pretende terminar con la permisividad con la que han trabajado empresas como Blackwater.

Los mercenarios, según el reglamento que estableció la administración civil estadounidense en 2003, no pueden ser juzgados por los tribunales iraquíes. Pese a protagonizar numerosos incidentes, con muertes incluidas, ningún empleado de estas compañías ha sido juzgado o condenado en un tribunal, civil o militar.

La ley, pendiente de su aprobación en el Parlamento iraquí, también contempla que los mercenarios puedan ser registrados en los controles de las Fuerzas de Seguridad locales además de tener que llevar licencia de armas.

“El Gobierno ha aprobado hoy un anteproyecto que pondrá a todas las empresas privadas de seguridad bajo la ley iraquí. Estas compañías no tendrán inmunidad”, dijo ayer el portavoz del Ejecutivo iraquí, Ali Dabbagh.

La paciencia iraquí con las compañías de mercenarios acabó el 16 de septiembre cuando los hombres de Blackwater mataron a 17 civiles en Bagdad. La empresa dijo que sus empleados actuaron en defensa propia, una versión que no concuerda ni con las investigaciones del Ejército de EEUU ni con las de las autoridades iraquíes.

Investigación del FBI

El servicio de Seguridad Diplomático, encargado por el Departamento de Estado de investigar lo sucedido, ofreció a los mercenarios de Blackwater inmunidad sobre todo lo que declarasen con respecto a lo sucedido el 16 de septiembre.

El servicio de Seguridad Diplomático no estaba autorizado a formular esta oferta. Según ésta, los hombres de Blackwater no podrían ser acusados por lo que afirmaran durante los interrogatorios, informó ayer New York Times.

El Departamento de Justicia de EEUU decidió dejar la investigación en manos del FBI al darse cuenta de que no podría usar las declaraciones de los mercenarios. Algunos de los empleados de Blackwater han rechazado ahora declarar ante los agentes federales.

La compañía, que desde 2001 ha recibido más de 1.000 millones de dólares en contratos con el Gobierno de EEUU, se encarga de la protección de los diplomáticos estadounidenses en Irak.