La CEOE ha sido tajante al expresar su rechazo a la amnistía a los condenados por el procés. Lo ha hecho por boca de su presidente, Antonio Garamendi, tras reunirse con el todavía candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, que acaba de recibir un nuevo portazo del PNV. Reconvertido en un experto constitucionalista, Garamendi viene a sostener que tal amnistía no cabe en la Constitución, alineándose con el PP, incluso, en su incapacidad para exponer una solución al conflicto territorial que vive España.
Garamendi, el mismo que estuvo de acuerdo con los indultos del procés si normalizaban la situación, ahora se opone a la posibilidad del perdón a las personas implicadas en aquellos hechos producidos en 2017, cuando gobernaba el PP. El presidente de la CEOE, entregado a un amnesia selectiva, obvia ambas circunstancias: en primer lugar, que la situación fue tan insostenible que cuando el gobierno progresista apostó por indultar a algunos de los protagonistas de aquel 1-O , la CEOE se sumó a los empresarios catalanes en su apoyo a los indultos. En segundo lugar, que esa situación insostenible se derivó del gobierno del PP.
Garamendi parece haber olvidado que fue a un gobierno del PP al que le impusieron un referéndum ilegal, al que el gobierno de Mariano Rajoy respondió con brutalidad policial criticada internacionalmente mientras era jaleada por Felipe VI en uno de los más infaustos discursos del monarca. El presidente de la CEOE se alinea con el partido cuya incapacidad para el diálogo generó una convivencia insostenible en Catalunya, rompiendo incluso familias. Es pasmosa la facilidad con que Garamendi pasa por alto la fuga de empresas de Catalunya durante el gobierno del PP y cómo precisamente la situación se normalizó con la llegada del gobierno progresista de coalición.
La amnesia selectiva del empresario también afecta a los ataques del PP al empresariado y a su propia persona, cuando desde Madrid reclamaron a Pedro Sánchez que acribillara a impuestos a los empresarios catalanes por su apoyo a los indultos y la dirección del PP tachó a la CEOE de "cómplices" del Gobierno y "platea subvencionada en busca de fondos europeos". Entonces, la inquina del PP hacia la CEOE y el propio Garamendi fue tal, que éste no pudo evitar incluso soltar alguna que otra lágrima al sentirse arropado por sus iguales. Eso también está hoy bajo la alfombra de Garamendi, quizás, porque no quiere volver a tener enjugarse su llanto.
El encaje constitucional del perdón a las personas implicadas en el procés -se llame amnistía o no- es una cuestión compleja que han de determinar los expertos. Considerando que voces autorizadas por su conocimiento no alcanzan consenso al respecto, parece una temeridad que quienes no disfrutan de ese aval teórico se pronuncien con tal contundencia. Nuestro Estado de Derecho contempla un Tribunal Constitucional que, en última instancia, será quien determine si ese perdón es legal o no, más allá de su conveniencia.
En esencia, el perdón busca desjudicializar un conflicto que nunca debió llegar a los tribunales y que, si lo hizo, fue derivado por la deficiente gestión del PP que hoy Feijóo parece querer replicar, más aún si su escudero es Santiago Abascal (Vox), que ya en campaña apostó por volver a incendiar las calles catalanas. La misma amnesia de la que hace gala Garamendi es la que destila el agitador José Mª Aznar, que cuando blanqueaba a ETA llamándola "movimiento vasco de liberación" reclamaba "un espíritu abierto y generoso" en sus negociaciones con la banda terrorista. El mismo espíritu que niega a quienes hoy ponen encima de la mesa, no ya asesinar, sino repensar nuestro modelo territorial. Por cuestiones así es importante tener memoria histórica, esa que los sectores conservadores -y aquí se incluye la CEOE- rechazan.