A estas alturas de la película y con el acceso a la información que disfrutamos, quien continúe dejándose engañar, sencillamente, es porque así lo desea. La Junta de Andalucía quiere desecar Doñana legalizando regadíos ilegales; al mismo tiempo, reclama ayudas contra la sequía al Gobierno de España y a la Unión Europea (UE). Este nivel de contradicción aún alcanza cotas mayores: ¿tiene sentido que con más de una veintena de municipios con restricciones de agua en Granada el gobierno de Juan Manuel Moreno dé luz verde a una nueva embotelladora? Para él sí.

Los ocho municipios y algo más de 20.000 habitantes que viven en el Valle de Lecrín (Granada) no dan crédito a lo que sufren. Se rebelan al grito de "El agua no se vende, el agua se defiende" ante una nueva concesión de la Junta de Andalucía que posibilitará la instalación de una planta embotelladora que extraerá más de 250.000 litros de agua por día. En plena sequía. Inaudito.

Este nuevo atentado medioambiental perpetrado por Moreno Bonilla, precisamente en una coyuntura de sequía extrema, es la gota que colma un vaso tan lleno como secos están los acuíferos de la comarca. La Plataforma de Defensa del Agua del Valle de Lecrín lleva más de una década denunciando la situación, elevando sus protestas a una Junta -antes socialista ahora popular- que hace caso omiso de sus advertencias.

La empresa Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L. ha sido objeto de varias denuncias por parte de la Plataforma, pero siempre ha contado con el beneplácito de una Administración anclada en el pasado que ni siquiera se ha molestado en cambiar la legislación desde 1973, pues la extracción de agua mineral se considera una actividad de carácter minero al amparo de una ley franquista. Ahora le toca a Aguas de Bellavista S.L., cuyo proyecto contempla la extracción de un caudal de ocho litros por segundo en las cercanías de la Laguna del Padul, un humedal protegido y reconocido.

El resultado es que este tipo de empresas deseca acuíferos y termina por comercializar miles de litros de agua más de la que consume la región de la que la extrae. Es un giro de tuerca más al proceso privatizador del agua que ha vivido España en las últimas décadas y que ha terminado por encarecer un bien de primera necesidad y, en parte, a contribuir al déficit hídrico que sufrimos actualmente. Las concesiones de la explotación de la gestión del agua a empresas privadas han derivado en que éstas maximicen su margen de beneficio minimizando sus costes de mantenimiento. Las consecuencias las padecemos ahora, registrando pérdidas de agua por fugas que, en el mejor de los casos, no bajan del 20%. Una auténtica barbaridad.

En algún momento es preciso revertir la situación, pero ese momento no parece que haya llegado para Moreno Bonilla que, una vez más, prima el negocio embotellado por delante del bienestar ciudadanos y medio ambiental. De nuevo, la miopía da paso a la ceguera, vetando sentidos como el oído, para no escuchar a los vecinos y vecinas, en pro de otros como el tacto, palpando el bolsillo bien lleno. El cheque en blanco con que Moreno Bonilla ha identificado su mayoría absoluta va a terminar dejando Andalucía en los huesos.