La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado, mediante providencia, al Juzgado Central de Instrucción 3, la apertura de un nuevo sumario por la tragedia del Yak-42, del que se cumplieron 15 años el pasado 26 de mayo. Esta providencia tiene lugar “a raíz de la aparición de restos humanos en Turquía” por la que el Mnisterio de Defensa solicitó amparo a la Audiencia el 28 de mayo.

Algunos de los familiares afectados por esta tragedia, en la que murieron 62 militares españoles, destacan que “el abogado del Estado instó a la reapertura de la Ejecución de sentencia firme por el Supremo del 17 de mayo de 2010, por las falsas identificaciones contra tres mandos militares, indultados por el anterior Gobierno”. “A esta petición se adhirió la Fiscalía, es decir, se optaba por no abrir un nuevo procedimiento”, añaden.

Sin embargo, la Sala —compuesta por los magistrados Concepción Espejel, Manuela Fernández Prado y Nicolás Poveda— entiende que debe abrirse unas nuevas diligencias.

La providencia, fechada el pasado siete de junio, recuerda que los restos hallados en un cementerio en Turquía (una parte de una pierna) “no se conocieron durante la instrucción de la causa”, por lo que “se trata de un hecho nuevo que debe esclarecerse mediante la realización de esas diligencias” que corresponden al Juzgado Central de Instrucción nº 3, por lo que ordena “la apertura de una instrucción suplementaria”.

“Esto abre la puerta a la solicitud de declaraciones de los entonces responsables del Ejército y el Ministerio de Defensa para aclarar lo sucedido”, comentan los afectados.

Varios familiares de los fallecidos por el siniestro del avión ucraniano reclaman al Ejecutivo, desde hace mucho tiempo, la apertura de una comisión de investigación.

La ahora ministra de Defensa, Margarita Robles, mencionó en su discurso de toma de posesión la semana pasada a los “más de 330 militares que en 15 años han muerto en acto de servicio” y pidió perdón “si es necesario” a los familiares, un guiño a los afectados del Yak-42, tras 15 años de viacrucis judicial y político.

Dichos familiares criticaron el nombramiento del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien acusan de ser quien “cerró en falso” el procedimiento judicial contra los responsable de los graves errores en la identificación de los cadáveres durante la apresurada repatriación de los mismos.