La fiscal Anticorrupción Concepción Sabadell ha concluido este jueves su duro informe final sobre el caso Gürtel que ha durado tres jornadas y en el que ha destacado que la trama corrupta atentó contra el Estado de Derecho y tendrá una “costosa reparación social”.

El juicio, centrado en los primeros negocios de la organización de Francisco Correa –de 1999 a 2005- ha sentado en el banquillo a 37 personas, entre ellas al extesorero del PP Luis Bárcenas y los máximos líderes de este grupo de empresas: Francisco Correa y su mano derecha Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego.

La Fiscal ha concluido en que esta trama corrupta ha tenido "graves repercusiones en la confianza de los ciudadanos, la administración y la gestión de la contratación".
La razón: los funcionarios y las autoridades del PP “faltaron a sus deberes éticos y profesionales” de tal manera que las prácticas corruptas y viciadas “se enraizaron como un modo ordinario de contratación pública”.

Para la Fiscalía, "los hechos que se han acreditado son de extrema gravedad no solo por su naturaleza y el perjuicio que han causado sino porque se realizaron como un modo ordinario de contratación pública; durante un largo periodo de tiempo y en distintas administraciones gobernadas por el PP, en las cuales algunas de sus autoridades y cargos públicos aceptaron sobornos para enriquecerse con cargo a los fondos públicos que tenían obligación de conservar, de proteger y de salvaguardar”.

En esta línea también ha coincidido después la acusación del abogado del Estado, que ha tildado de "cáncer que ha afectado a la Administración" los manejos de la trama.

Los funcionarios y las autoridades “faltaron a sus deberes éticos y profesionales, prevaricaron y dictaron resoluciones injustas siempre con base a unos sobornos y además desfalcaron las arcas públicas en beneficio propio y del grupo Correa, malversando así los caudales públicos", ha insistido Sabadell.

"Los acusados –ha añadido- con su reiterada actuación y penetración en la Administración consiguieron que esos mecanismos viciados de toma de decisiones en los procedimientos de contratación pública se consolidaran como un problema estructural con graves repercusiones en la confianza de los ciudadanos, en la administración y la gestión de la contratación".

“Con su reiterada violación de los principios de equidad, integridad, responsabilidad e igualdad ante la ley en la atribución de los contratos públicos –ha añadido la Fiscal-, los acusados atentaron contra el Estado de Derecho y su actuación resultará de muy costosa reparación social”, ha reiterado.

Ana Mato y el PP se beneficiaron de los amaños

En esta tercera jornada del informe de conclusiones del ministerio público, Sabadell ha destacado que la exministra Ana Mato y el PP se beneficiaron de las ‘mordidas’ de la trama Gürtel que entregó a su exmarido, Jesús Sepúlveda, quien cobró comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

La fiscal eleva a 28.468 euros el dinero que reclama a Ana Mato que provenía de la trama y del que ella se habría beneficiado como partícipe a título lucrativo Es más, la exministra encargó al menos uno de los viajes que las empresas de Francisco Correa pagaron a la familia.

Del PP reclama 328.440 euros por el dinero que percibió Sepúlveda y el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega para la campaña electoral del PP a las elecciones municipales de 2003.

De Luis Bárcenas ha destacado además su “eficacia” porque ha logrado esconder 4.100.000 euros de los más de 10 millones que Bárcenas ocultó en Suiza. Este dinero aún no se ha localizado.

También ha arremetido contra la estrategia defensiva del extesorero, empeñado en asumir toda la responsabilidad para evitar que su esposa, Rosalía Castro, acabe en la cárcel. En cambio, Sabadell ha concluido que ella tuvo perfecto conocimiento de las cuentas en Suiza y administró dinero de ambos desviado de la caja B del PP.

El 10% por los actos de Esperanza Aguirre

Respecto al exconsejero de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo, Sabadell ha destacado que cobraba el 10 por ciento de comisión por las adjudicaciones que realizó para los actos institucionales que organizaba la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2009.

El abogado del Estado ha intervenido también para exponer su informe final de acusación. Y ha elevado a 15 millones de euros el dinero defraudado por los acusados.

El abogado del Estado ha destacado la “gravedad específica” de la actuación de los políticos, en especial de Luis Bárcenas, Alberto López Viejo y los exalcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda.

Políticos elegidos para representar, no para robar

"Son personas que fueron elegidas por los españoles para desempeñar cargos públicos, que se suponía que tenían que proteger los intereses generales y no defraudarlos ni robarlos", ha concluido el abogado del Estado.

El trámite de informes de acusaciones y defensas terminará el próximo 10 de noviembre, cuando el juicio quede visto para sentencia.

Al mismo tiempo, el juez central de instrucción 5, José de la Mata, ha reabierto la pieza de Gürtel relativa a la caja B del PP después de que Bárcenas reconociera la existencia de esta “contabilidad extracontable” durante este juicio a la primera época de la trama y después de que el principal acusado, Francisco Correa, reconociera que repartía el dinero de las comisiones con Bárcenas y que los llevaba en sobres a Génova, en alusión a la sede central del PP.

Será en esta pieza reabierta donde se juzgará esta caja B del PP, cuya existencia ha quedado "plena y abrumadoramente" acreditada en el juicio de la primera época de Gürtel, según aseguró Concepción Sabadell este martes.