La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha pedido este viernes a España la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de Derechos Humanos.

El portavoz de Pillay, Rupert Colville, ha descartado comentar la sentencia que inhabilita al juez Baltasar Garzón por ordenar escuchas telefónicas en la investigación de la trama de corrupción Gürtel, pero ha recordado las otras dos causas abiertas sobre el magistrado y, en alusión a la relativa a los crímenes del franquismo, ha defendido este tipo de pesquisas.

'España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos', ha afirmado Colville, durante una rueda de prensa en Ginebra. Además, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, existe un deber hacia las víctimas, que tienen 'derecho de reparación'.

Colville ha recordado que, conforme a una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 'España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de Derechos Humanos'. Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, ratificado por España en 1985.

Colville ha asegurado, en alusión a Garzón, que 'los jueces no deberían ser objeto de una investigación penal por hacer su trabajo', habida cuenta de que sus investigaciones, según la ONU, tratan de cumplir los estándares internacionales en la medida en que no cabe amnistía 'para graves crímenes internacionales'. La norma puesta en cuestión 'podría violar el principio de independencia judicial'.

En declaraciones recogidas por Reuters, el portavoz de Pillay ha comparado el caso español con el de otros países y ha subrayado que debería aplicarse 'el mismo principio' que la ONU ya ha expresado para lugares como Yemen o Haití, donde también han defendido el procesamiento de autoridades responsables de violaciones de Derechos Humanos.