Casi la mitad de los abortos que se realizan en el mundo son inseguros. La mayoría tienen lugar en África, Asia y América Latina. Como consecuencia de ello, 47.000 mujeres mueren a causa de las complicaciones de este tipo de intervenciones. Y, pese a los argumentos de algunos gobiernos, los datos de los expertos demuestran que el número de interrupciones del embarazo no disminuye cuando se restringen las leyes al respecto.

Estas son las principales conclusiones de la jornada sobre Leyes restrictivas y aborto provocado que ha tenido lugar hoy en el Congreso de los Diputados, organizada por el grupo parlamentario socialista en colaboración con la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai). Al acto han acudido ponentes como la doctora Bela Ganatra, especialista del departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha recordado los datos del último informe de la institución sobre aborto seguro. 

Así, Ganatra recordó el aumento del número de abortos entre 1990 y 2008, que pasó de 19 millones a 21,6 -algo 'no sorprendente, dado que aumentó también la población femenina'- y alertó sobre el correspondiente incremento del porcentaje de interrupciones inseguras: del 44 al 49%, respectivamente. Asimismo, también mostró las gráficas [en la imagen adjunta] que demuestran que el número de interrupciones voluntarias del embarazo en países con leyes restrictivas y en zonas con leyes más liberales no varía en exceso, mientras la diferencia en el número de intervenciones inseguras sí es muy significativa. 

'En Argentina hay 500.000 abortos clandestinos al año que provocan 80.000 ingresos hospitalarios y 400 muertes anuales', ejemplificó Santiago Barambio, presidente de Acai. 'Como no tienen aborto, tienen muertas y, si no mueren, tienen un número importante de mujeres estropeadas', ironizó. 

Además, según un estudio realizado en España en 2002, 'el 62% de las mujeres españolas que han abortado volvería a hacerlo aunque fuese ilegal: el 38%, clandestinamente, el 24%, en el extranjero', expuso Barambio. En 2012, dicha asociación ratificó este año casi los mismos datos con un estudio propio: el 62,35% volvería a abortar aunque cambiase su situación. 

Barambio también rememoró los tiempos en los que en España no se podía interrumpir el embarazo. 'En 1976, según datos del propio Ministerio de Justicia, se producían 100.000 abortos clandestinos y morían entre 200 y 400 mujeres al año', aseguró. Con la ley de supuestos de 1985, a pesar de ser 'un poco ambigua por permitir la interrupción, pero según se interpretara la norma', la mortalidad materna se redujo a un 0,6 por cada 100.000 mujeres, según Acai. 

Aun así, el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ya ha anunciado su intención no sólo de suprimir las libertades de la Ley de 2010 (que permite el aborto libre entre las 14 y las 22 semanas), sino que pretende volver a la normativa de 1985. Es más, será aún más restrictiva: si finalmente se aprueba su reforma del Código Penal -prevista para finales de año- las mujeres no podrán abortar en caso de malformación fetal. 

'La aspiración del grupo popular por restringir el acceso al aborto en España viene de antiguo', recordó Barambio, en alusión al padre de Gallardón, que recurrió ante el Constitucional un primer borrador de la antigua ley, datado en 1983. 'Ahora su hijo quiere acabar con el derecho de la mujer a decidir', lamentó el presidente de Acai. 

'Siempre que se debate sobre el derecho al aborto, oigo el argumento del derecho a la vida, pero ¿quién defiende el derecho a la vida de esas mujeres que se ponen en manos de aficionados, en condiciones insalubres, intentando ejercer su derecho a no tener un hijo no deseado?', se preguntó, por su parte, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez. 'En esto, en la lucha por este derecho, no nos puede quebrar la política del PP', animó la socialista.

Soraya Rodríguez: '¿Quién defiende el derecho a la vida de las mujeres que se ponen en manos de aficionados?'

Su compañera de partido y portavoz del grupo socialista en la Comisión de Igualdad, Carmen Montón, insistió, además, en que la ley actual 'es equiparable a la de los países de nuestro entorno'. 'Francia, Holanda, Bélgica, Portugal e incluso Italia, donde pesa la influencia del Vaticano, tienen legislaciones parecidas, fundamentadas en conclusiones de la ONU y la OMS que instan a los Gobiernos a proporcionar servicios accesibles para la interrupción del embarazo', argumentó.

En este sentido, la doctora Ganatra, recordó que el término 'aborto inseguro y clandestino', para la ONU, no sólo hace referencia a aquellos que conllevan peligros para la salud de la mujer, sino también a los que son 'discriminatorios' porque 'niegan a las mujeres conseguir su derecho a la información, su derecho a la vida y su derecho a la libertad'.

Por este motivo, abogó por eliminar las 'barreras legales, políticas y prácticas' que impiden el acceso libre al aborto como 'la autorización de terceras partes (progenitores, parejas, consejos hospitalarios) o la objeción de conciencia de los médicos, que debe estar reconocida siempre que no suponga un impedimento para acceder a la intervención de forma efectiva'. 'El aborto clandestino no es un problema sólo de salud, sino de derechos humanos', concluyó la experta de la OMS. 

La OMS insta a eliminar las 'barreras legales, políticas y prácticas' que impiden el aborto En esta misma línea se expresó también Purificación Causapié, secretaria de Igualdad del PSOE, que recordó al movimiento feminista -'impulsor de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos'- y cuestionó la necesidad de reformar la actual ley. 'El aborto ya está aceptado en la sociedad, a excepción de los sectores eclesiásticos', sentenció. 

Por último, un portavoz del instituto Guttmacher, de Nueva York, incidió en que 'el 13% de las muertes maternas se deben a un aborto inseguro' y demostró, con cifras, que 'las leyes restrictivas no están relacionadas con tasas de aborto más bajas'. De hecho, 'las tasas más bajas están en Europa' -la zona con leyes más permisivas al respecto- [ver gráfico] y la línea directa que relaciona disminución de abortos con la reducción de embarazos no deseados pasa por el aumento del uso de anticonceptivos. Y para ello es necesario una 'mejor educación sobre salud sexual y un mayor acceso a la información, tanto en los colegios como en los centros de salud', concluyeron varios ponentes.