Murcia pagará a Florentino Pérez cinco veces el precio inicial de una desaladora que apenas funciona

MURCIA.- Murcia pagará a empresas del grupo ACS, de Florentino Pérez, casi 600 millones de euros en total por una desaladora que casi no funciona, lo que supone el quíntuple de su coste.

Este es uno de los datos que están aflorando en la comisión de investigación parlamentaria que se desarrolla desde hace semanas en la Asamblea Regional. Según el diputado Antonio Urbina, de Podemos, el diseño de la operación financiera de la desaladora de Escombreras (Cartagena) es idéntico al de la plataforma petrolera Castor, en aguas de Castellón, también construida por empresas de la compañía dirigida por el presidente del Real Madrid.

Las cuentas realizadas por el grupo parlamentario de Podemos, basadas en los datos que están aflorando en la comisión de investigación, indican que el Gobierno regional del PP ya ha pagado a empresas de ACS por la desaladora “al menos 122” millones de euros, cantidad que supera los 108 millones que costó construirla y ponerla en marcha, cosa que se hizo a mediados de 2007.

El gasto diario de la instalación oscila entre los 40.000 y los 70.000 euros, según un abogado que denunció el caso

Los compromisos de pago por la obra, mantenimiento y operación de la desalinizadora asumidos por el Gobierno murciano del entonces presidente Ramón Luis Valcárcel con empresas del grupo ACS harán que esa cantidad se eleve hasta los 559 millones de euros hasta el año 2034.

Los tres grupos parlamentarios impulsores de la comisión –Ciudadanos, Podemos y PSOE– están de acuerdo en que esa desalinizadora es “totalmente innecesaria” y solo servía a los intereses especulativos inmobiliarios del Partido Popular para suministrar agua a 26 municipios murcianos que pretendían recalificar como urbanizables cientos de miles de hectáreas para construir resorts turísticos, complejos de viviendas, etc., en la época de la burbuja inmobiliaria.

Policía y Guardia Civil han registrado la instalación, el Ayuntamiento y la oficina de la Consejería de Agricultura

Cuando la comisión de investigación parlamentaria ya lleva semanas escuchando testimonios, la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron el martes y el miércoles registros en la desalinizadora, en el Ayuntamiento de Cartagena, varios despachos de abogados y en la Consejería de Agricultura a instancias del juzgado de Instrucción 5 de Murcia en busca de indicios sobre la presunta comisión de delitos como prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude, tras una denuncia del abogado murciano Diego de Ramón en 2010 asumida por el fiscal regional de Urbanismo y Medio Ambiente José Luis Díaz Manzanera en 2015.

De Ramón aseguró el lunes que la desaladora de Escombreras constituye el “mayor escándalo de corrupción” de la Región de Murcia, pues es un “agujero de 600 millones de euros de deuda para la Comunidad y representa un gasto que oscila entre los 40.000 y los 70.000 euros diarios a las arcas del Gobierno regional”, porque “está funcionando solo al 20%” de su capacidad tras caer la demanda de agua prevista para los nuevos desarrollos urbanísticos que nunca se realizaron por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

La construcción de la desaladora se encargó en el verano de 2005 a la empresa Hydromanagement, propiedad de ACS, sin concurso público, asegura el diputado Antonio Urbina, y en base a unos informes emitidos por dos consultoras –American Uppraisal y Ariño Abogados– elegidos por el propio Gobierno regional, añade. La operación y mantenimiento de la instalación fue encargada del mismo modo a Tedagua, también de ACS.

La decisión fue tomada directamente por el desaparecido Ente Público del Agua (EPA), que presidía el entonces consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, sin solicitar informe previo a los servicios jurídicos de la Comunidad ni a la Consejería de Hacienda, añade Urbina basándose en los datos aflorados en las sesiones de la comisión de investigación.

Cerdá es el único consejero de la Comunidad Autónoma de Murcia que estuvo en todos los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel, siempre en la cartera de Agricultura, desde que ganó el Gobierno en 1995 hasta después de su marcha a Bruselas como diputado europeo en 2014.

Hasta ahora, los comparecientes en la comisión de investigación habían apuntado a Cerdá como máximo responsable de todo lo relacionado con la desaladora, aunque de hecho era el hombre de mayor confianza de Valcárcel para las políticas hídricas. Pero en la sesión del miércoles, Amalio Garrido, primer gerente del EPA, dio cuenta de un acta en la que el ex consejero aseguró que esa obra “era un proyecto de Valcárcel”. Garrido reveló también que el Gobierno de Valcárcel planeaba construir otras tres desaladoras.

Para Urbina, todo lo relacionado con la desaladora de Escombreras “es una operación parecida” a la construcción de la plataforma petrolera Castor en Castellón, “donde lo que menos importaba era la viabilidad económica o incluso técnica del proyecto”, porque lo fundamental era “que las empresas no invirtieran dinero propio sino que se financiaran con un crédito avalado por la Comunidad Autónoma, a través del Ente Público del Agua”, que debería afrontar el pago de costes de construcción, operación y mantenimiento por casi 600 millones de euros hasta 2034 si el contrato se rompe, tal como estipula una cláusula del contrato, concluye Urbina.

Tras el fiasco de la plataforma Castor, que provocó cientos de pequeños terremotos en la zona costera de Castellón y Tarragona en 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy pagó 1.350 millones de euros a Escal UGS, propiedad al 66,7% entonces de ACS. Ese importe está siendo pagado desde 2016 por los consumidores de gas españoles a razón de cien millones por año.