Como cada mañana Ramón y Miguel Madrugan y se echan al campo. Entre la niebla descubren un tractor abandonado. “Supone un residuo tóxico peligroso que pasa al terreno”, alerta Ramón. Cuando se despeja el día, hallan residuos vegetales, tala y poda de encinas sin autorización y un vertedero de materiales de obra, envases y residuos tóxicos. Toman nota y fotografían el estado del lugar: es carne de denuncia.

Prosiguen por la comarca. Esta vez le toca el turno a un área dentro de un parque regional. Es una finca que ya tiene tres denuncias por delitos contra la ordenación del territorio: la construcción de un chalé de recreo con una barbacoa, el abandono de un coche y el vallado sin gateras para el paso de animales. “Es una casa de ocio que no está ligada al uso del suelo”, explica Miguel.

Cinco meses sin tareas

Esta es la mayor parte del trabajo de Ramón y Miguel, dos de los 240 agentes forestales de la región. Desde hace cinco meses no podían hacer ninguna de estas tareas. El motivo: la aplicación del artículo 9 de la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid. Esta norma les obligaba a tener una autorización judicial para entrar en propiedades privadas (el 74% de las fincas de Madrid) –menos en caso de incendio– a partir del 25 de julio de este año.

Hace una semana el BOE la anuló cautelarmente. El Gobierno central planteó un recurso a esta ley ante el Tribunal Constitucional. “Cuando un presidente impugna una ley autonómica y pide que se suspenda, es un proceso automático”, señaló la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.

Primera semana de rutina
Para Ramón y Miguel la vuelta a la normalidad ha supuesto un alivio. “Llevo una fotocopia del Boletín Oficial del Estado donde dice que se ha paralizado la Ley”. Es la tranquilidad con la que patrullan cuando se cumple una semana de la anulación de la norma. Ya no tiene miedo a los dueños de los terrenos, no se siente atado de manos para inspeccionar fincas y montes privados. Salvo la meteorología, nada dificulta su trabajo de salvaguarda de los recursos naturales en áreas forestales.

Estos dos agentes patrullan por una de las 17 comarcas en las que se divide la región. Ambos empiezan a descubrir los “daños” medioambientales que no han podido prevenir ni detectar en los últimos cinco meses. En este tiempo las sanciones se han reducido un 300% respecto al año pasado. “En una sola comarca del 26 de julio al 26 de noviembre de 2006 hubo 124 denuncias, mientras ha estado la ley, en el mismo plazo de tiempo hubo sólo 33”, asegura Francisco Cabezos, de CC.OO.

Residuos y talas irregulares
Tienen trabajo acumulado porque no les han concedido ninguna de las 60 autorizaciones solicitadas al juez para entrar en terrenos privados de la comarca en la que trabajan.

En su primera semana de retorno a la situación anterior a la norma, han validado ya 20 peticiones de quemas de residuos vegetales y hasta diez para podas. Cuentan que no han podido hacer inspecciones sanitarias en cazas, ver puntos negros de los tendidos eléctricos para las aves, vigilar el uso ilegal de venenos o cebos o el mantenimiento de los 50 rodales de peral silvestre de la zona, entre otras faenas.

47 solicitudes de entrada

El Tribunal Constitucional tiene ahora cinco meses (hasta el 29 de marzo) para ratificar o anular la paralización de la norma. Luego procederá a estudiar el recurso presentado por el Ejecutivo para dictar una sentencia firme.

La Consejería de Medio Ambiente cree que la situación no es tan grave. Cifra en 47 las peticiones de autorización que hay en los juzgados para entrar en zonas privadas. De ellas se han concedido seis. Pero los forestales hablan de 24.000 pedidas y sólo cuatro tramitadas.

La presidenta regional recalcó que la norma busca que los forestales “tengan la misma consideración” que la Policía o la Guardia Civil. “Todos queremos la protección del medio Ambiente”, afirmó. La Asamblea regional se personará en defensa de la ley y en contra del recurso de inconstitucionalidad del gobierno central. Mañana los agentes forestales protestarán uniformados en la Asamblea contra esa iniciativa. Reclaman que Aguirre asuma que se ha confundido y rectifique. “Es una ley inaplicable, sólo genera problemas”, advierte Cabezos. Confía en que la norma se pare completamente. “La ley corta nuestras funciones”, dice Ramón.

Un sábado cualquiera una pareja de agentes entra en más de una decena de fincas privadas, en la mayoría detectan anomalías. Ahora que han vuelto a la buena rutina sólo quieren que les dejen cumplir con su deber.

1. CON LA LEY EN VIGOR  

2. SIN LA LEY EN VIGOR