Hace un año, el Gobierno andaluz ya intentó restringir la publicidad sexual y sexista en los medios de comunicación introduciendo criterios de fomento de la igualdad en la convocatoria de ayudas públicas: la Junta daría prioridad a los medios que voluntariamente retirasen de sus páginas los anuncios de contacto y los que ofreciesen una imagen vejatoria de la mujer.

No funcionó. Nueve de las diez cabeceras andaluzas beneficiarias se negaron a eliminar esos anuncios, que les reportaban más ingresos que lo que suponían las ayudas públicas. Además acabaron recibiendo las subvenciones de todos modos, porque los criterios de selección que priman la retirada de contenidos sexuales “no son suficientemente excluyentes”, admiten desde la Consejería de Presidencia.

La presidenta Susana Díaz anunció el miércoles, durante el Debate del Estado de la Comunidad Andaluza, que su Gobierno vetará los anuncios de contenido sexual en los medios de comunicación. Lo hará rescindiendo los contratos de publicidad institucional y retirando las subvenciones a los medios que aún “publiquen anuncios de contactos sexuales”. “Cualquier forma de prostitución, siquiera encubierta, no podrá recibir ni un solo euro de las arcas públicas”, dijo. El anuncio fue bien recibido por los grupos de la oposición, pero no será tan fácil cumplirlo.

La Junta ya intentó el año pasado prohibir la concurrencia competitiva a ayudas públicas de todos los medios que publicasen anuncios sexuales y sexistas, “pero el gabinete jurídico frenó esa orden”. Los letrados del Gobierno andaluz advirtieron de que se podría incurrir en “discriminación” entre medios que quisieran optar a las subvenciones, exponiéndose a un recurso en los tribunales, y recomendaron que la vía reglamentaria más apropiada para acabar con esos anuncios era redactar una ley ad hoc. O bien para prohibirlos o bien para prohibir la concesión de fondos públicos a los medios que los mantengan.

La Dirección General de Comunicación Social, órgano dependiente de Presidencia, inyecta fondos públicos a los medios de comunicación por dos vías: los contratos de publicidad institucional y las llamadas subvenciones de alfabetización mediática para la promoción de la lectura de prensa, que financian cursos y actividades en colegios, hospitales o en centros de mayores. El año pasado, repartió 5,9 millones de euros en contratos de publicidad para los medios andaluces. La partida de alfabetización mediática fue de 500.000 de euros.

Fue precisamente en la orden que regulaba la convocatoria de estas ayudas donde la Junta intentó vetar la concurrencia competitiva a los medios que publicaban anuncios sexuales. Tras el informe contrario del gabinete jurídico, se optó por un atajo legal: en lugar de establecer criterios excluyentes, se introdujo un baremo que puntuaba más a quien aceptase prescindir de contenidos que discriminasen a la mujer en sus páginas o en su programación radiotelevisiva.

Así, la Junta introdujo tres nuevos criterios de valoración: el fomento de la igualdad de género (4 puntos); que no tuvieran publicidad ni imágenes sexistas (3 puntos) y que no tuvieran anuncios de contactos sexuales (3 puntos). De las nueve cabeceras de papel que se presentaron a las ayudas, sólo una -el periódico universitario Aula Magna- obtuvo los 10 puntos máximos. El resto prefirieron seguir incumpliendo el criterio de anuncios sexistas y de anuncios de contactos.

Lo paradójico es que incumplir estos dos requisitos no les restó los puntos del criterio de fomento de la igualdad de género y, a la postre, tampoco les impidió acceder a las ayudas, porque las cláusulas de igualdad y no discriminación a la mujer tienen un peso menor en el cómputo total del baremo, según el informe de valoración para la concesión de subvenciones a medios de 2017, al que ha tenido acceso este periódico.

Esos nueve periódicos con publicidad sexista recibieron en torno al 80% de las ayudas que habían solicitado, un dinero con el que dieron cursos de buena lectura de prensa en colegios, institutos y centros de mayores de Andalucía.

Público fue pionero

La fórmula de incentivos a las empresas de comunicación para acabar con estos anuncios se ha demostrado “insuficiente”, admiten desde Presidencia, que valoran ahora la opción b que les planteó el gabinete jurídico, esto es, impulsar una ley específica. Es la misma conclusión a la que llegó el Consejo de Estado en 2007, en un informe sobre posibilidades de actuación contra anuncios de contenido sexual y prostitución publicados en medios de comunicación en prensa.

En 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero usó ese informe para intentar incluir el veto a los anuncios de contacto en la reforma de la Ley General de Publicidad. Según el documento, más del 60% de los anuncios clasificados eran de prostitución y generaban unos ingresos a la prensa española de 40 millones de euros al año.

La reforma no llegó a acometerse, porque al poco Zapatero sería sucedido por un Ejecutivo del PP, pero sí se aprobó un Código de Conducta Publicitaria, que pedía “evitar, en especial, aquellos anuncios que puedan resultar vejatorios o discriminatorios para la mujer”.

Este diario, Público, y 20 Minutos fueron pioneros al renunciar a este tipo de anuncios desde su nacimiento, hace ahora diez años.

La Junta de Andalucía tiene competencias para prohibir por ley los anuncios sexuales, pero la tramitación de una norma así -con todos sus informes favorables- tarda como mínimo dos años en ver la luz, de modo que la ambiciosa promesa de Díaz difícilmente verá la luz esta legislatura. Además, no es un debate nuevo ni que haya mantenido ajenos a los organismos responsables.

En 2008, el Consejo Audiovisual de Andalucía, órgano de extracción parlamentaria que vela por los derechos de los espectadores, ya emitió un informe denunciando el exceso de publicidad sexual y sexista, así como los chat de prostitución en las televisiones y radios andaluzas. Desde entonces vienen pidiendo una ley específica para prohibir estos contenidos.

Pese a todo, el mayor volumen de ingresos que reciben los medios de comunicación -nacionales e internacionales- por parte del Gobierno andaluz no salen de los contratos de publicidad institucional, que gestiona Presidencia, sino de la Consejería de Turismo, que maneja un montante mucho mayor de dinero para publicidad, eventos y foros de promoción nacional e internacional. Toda esa promoción del turismo -motor de la economía andaluza- es susceptible de someterse también a los criterios de publicidad no sexista ni denigrante con las mujeres, de acuerdo al compromiso adoptado por Susana Díaz en el Parlamento.

El consejero de Turismo y Deporte, Javier Fernández, también anunció recientemente en la Cámara que los acuerdos de patrocinio que firme su departamento (eventos deportivos como el Circuito de Motos de Jerez) incluirán cláusulas que obliguen a eliminar trato o imagen sexista o humillante para las mujeres (entrega de trofeo en las competiciones)