Unas cuarenta personas, entre saharauis y españoles, se fueron turnando ayer, a medida que sus obligaciones se lo permitía, para permanecer toda la mañana en la puerta de la Audiencia Nacional. Portaban banderas del pueblo saharaui, pancartas en las que pedían Justicia y fotografías de víctimas de la represión marroquí. Su intención era apoyar a cuatro hijos de saharauis desaparecidos en 1975 y 1976. Los cuatro firmaron, junto a cuatro asociaciones, la querella presentada por genocidio y torturas contra 13 responsables policiales marroquíes por decenas de desapariciones de saharauis cometidas entre 1976 y 1987.

Los jóvenes, vestidos con la ropa típica de su país, ratificaron ante el juez Baltasar Garzón los detalles que conocen de la desaparición de sus padres ocurridos en Smara y Tan Tan. Dos de ellos tenían DNI y pasaportes españoles.

Uno era policía. En la querella se describen los delitos cometidos por responsables marroquíes desde que comenzó la ocupación del Sáhara, cuando se produjo una campaña de desapariciones en Smara, hasta 1987, año en el que hubo varios secuestros en El Aaiún.

Al término de la comparecencia, los congregados en la calle recibieron al grito de 'Viva el Sáhara libre' y 'Marruecos culpable, España responsable' a los cuatro jóvenes. Hourria Ahmed Lammaadal definió su comparecencia ante Garzón como 'un día histórico para el pueblo saharaui, porque abre una puerta de esperanza para saber el paradero' de sus 'desaparecidos'.

'Son 32 años de lucha, y esperamos y confiamos en que la Justicia nos ayude a resolver lo más rápido posible' qué ocurrió con nuestros familiares. 'El juez se ha mostrado muy interesado y nos recibió con las manos abiertas', por lo que dijo estar muy agradecida a Garzón y al abogado que les representa, Manuel Ollé.

Justicia, paz y libertad

Junto a ella declararon, Ali Omar Buzeid, Omar Heiba Meyara y Fetimeotu Moustapha Salemh. 'Pedimos justicia, paz y libertad para el pueblo saharaui y todos los desaparecidos en el mundo', señaló Fetimeotu Mousthafa.

Ante el juez se ayudaron de declaraciones por escrito para vencer la barrera del idioma. Hourria Ahmed Lammaadal explicó que su padre era policía español hasta la retirada de España del Sáhara. Relató que entre 1975 y 1976 las tropas marroquíes comentaron a invadir el territorio y su padre decidió huir con su familia al este.

Como hacía frío y se quedaron sin provisiones, su padre volvió a Smara. Los marroquíes cerraron la ciudad y no lo volvieron a ver. Lo esperaron cuatro días.

Al juez le explicó que no sabe nada de él y que recuerda como la 'más cruel de las calumnias' que Marruecos dijera a la ONU que estaba en los campamentos.

Chile y Argentina

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abrió el camino para perseguir en España crímenes contra la humanidad con la investigación que realizó sobre los cometidos durante las dictaduras militares de Chile y Argentina. El ex militar Adolfo Scilingo vio el pasado mes de julio cómo el Tribunal Supremo elevaba a 1.084 años de cárcel la pena de 640 que le había impuesto la Audiencia Nacional por su trabajo en la ESMA y su participación en los llamados ‘vuelos de la muerte'.

Guatemala

El juez Santiago Pedraz investiga el genocidio del pueblo maya denunciado por la premio Nobel Rigoberta Menchú. La nula colaboración de las autoridades guatemaltecas obligará a los testigos a trasladarse a España para declarar.

Tíbet y Falun Gong

A pesar de la negativa de la Audiencia a investigar estos crímenes, su propia Sala de lo Penal y el Supremo le ordenaron tramitar sendas querellas.