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Las licencias de Enrique Sarasola

El empresario vio resueltos sus conflictos con los permisos en el Ayuntamiento de Madrid

JUANMA ROMERO

En la mente de Alberto Ruiz-Gallardón debe rebotar, prácticamente sola, una palabra desde el pasado 14 de noviembre: licencias. Es la operación Guateque. Aún pesa el secreto de sumario, pero las idas y venidas del último mes han descubierto las “deficiencias” –palabra del regidor– en la tramitación de los permisos.

Los ejemplos menudean. Público ha tenido acceso al historial administrativo completo de tres actuaciones urbanísticas –la construcción de dos hoteles y un bloque de viviendas– en las que resaltan ciertos recovecos del proceso. Dos de ellos (los hoteles Óscar y Alicia) pertenecen a Room Mate, la cadena fundada en 2005 por Enrique Sarasola, su presidente. Ambos comparten problemas en la gestión de sus licencias. Desde suspensiones y paralizaciones hasta diferencias entre lo planificado y lo que finalmente se ha construido.

El trayecto del hotel Óscar

El 13 de abril de 2004 el Ayuntamiento de Madrid concedió la licencia única de obras y actividades para obras de acondicionamiento general y reestructuración parcial. El lugar, la plaza de Vázquez de Mella, 12, en Chueca. Casi dos años después, el Consistorio, una vez recibida la solicitud de modificación de licencia, comprueba que hay fallos. El 3 de marzo de 2006, reprocha a Room Mate que el proyecto presentado “incumple el ordenamiento que le es de aplicación” y le hace constar que tiene en su contra el informe desfavorable de la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural (CIPHAN).

Pasado un año, el 26 de abril de 2007, el Ayuntamiento, tras una nueva visita de la CIPHAN, observa que Room Mate ha sobrepasado los límites de la licencia. No se están haciendo las mismas obras que en el permiso originario y propone la paralización de las obras. El 31 de mayo, el veto se consuma. La empresa desoye. El 27 de junio, en vista de que no se ha hecho efectiva la suspensión, Urbanismo impone el precinto de las obras como medida cautelar. La compañía recurre la decisión de inmediato. Aduce que la reforma está concluida y que, ahora, la CIPHAN sí ha dado su ok.

El Consistorio resiste. Se pronuncia de forma negativa al menos en tres ocasiones. El 11 de septiembre alega que la modificación de licencia que busca Room Mate “incumple el ordenamiento”. El 2 de octubre, desestima el recurso de reposición. La coordinadora de Urbanismo, Beatriz Lobón, recuerda a Sarasola que “en ningún caso la Administración dejará de adoptar las medidas tendentes a restaurar el orden urbanístico alterado”. Aquí no vale el informe de la CIPHAN. El 16 de octubre, el jefe del Departamento, Javier González, rubrica el no.

Pero luego sobreviene el desbloqueo. Apenas dos semanas después de la negativa al recurso de reposición, el día 31, el Ayuntamiento concede la modificación del permiso. El 28 de noviembre, Room Mate solicita el último papel, la licencia de funcionamiento, aún en tramitación.

La Alcaldía, preguntada por Público, sólo responde que “no hay constancia” de que las obras del Óscar no se ajusten a lo planificado y que “no ha habido incumplimiento de los precintos o paralizaciones”.

Hotel Alicia, en Huertas

El camino administrativo del hotel Alicia, en la calle del Prado, 2 (barrio de las Huertas) es aún más intrincado. El 17 de junio de 2004 la Casa de la Villa otorga la licencia única. Y quien lo hace es uno de los investigados por la Guateque, Óscar Acero. En el verano de 2005, los inspectores comprueban que, pese a la denuncia del PSOE –que veía ilegal la construcción de una planta más–, las obras discurren con normalidad y son correctas.

Se permite una primera prórroga de los trabajos, la modificación de la licencia para la “eliminación de un grupo electrógeno” –firma de nuevo Acero–, pero se deniega una segunda prolongación de las obras porque la ley no lo permite. En abril de 2007 Room Mate reclama la licencia de funcionamiento. Y el Ayuntamiento le dice que no corra tanto. Le manda un inspector y éste detecta in situ, en septiembre, que “lo ejecutado difiere de lo aprobado” en la licencia en 15 puntos. El Consistorio concede a la empresa el plazo de un mes para subsanar las deficiencias. Si no, trasladará el caso a Disciplina Urbanística. La Casa de la Villa ha podido constatar que las deficiencias siguen ahí, y ha abierto expediente sancionador. 

'Tiene pinta de ser un trato de favor a Quique'

El PSOE, vistos los dos expedientes, está quejoso. El portavoz municipal, David Lucas, entiende que en la gestión de las licencias de los hoteles Óscar y Alicia hay “un posible trato de favor” a Enrique Sarasola. “Es un ejemplo del descontrol del Ejecutivo de Gallardón”. Completa su compañero de grupo, Pedro Sánchez. “No se siguen los procedimientos. Se otorgan las licencias a posteriori, no hay sanciones, se levantan los vetos sin explicaciones...”. Los socialistas apuntan incluso a la relación de Quique Sarasola con el alcalde (“Esperamos que no haya influido”, subraya Lucas).

En Room Mate y en el Consistorio admiten la “amistad personal” que une al alcalde con el hijo del fallecido empresario Enrique Sarasola, “pero no va más allá de la que mantiene con otra gente”. Fuentes de la empresa destacan la “excelente relación” que siempre ha tenido la familia con el PSOE y, sobre todo, con Felipe González. “Todo está en orden, no hay nada irregular”, zanjan.

 

Room Mate no tuvo nada que ver con la construcción del bloque de viviendas libres en Trujillos, 3, en el distrito Centro de Madrid. Allí sólo arrendó parte del edificio para abrir, hace un año, el hotel Laura.

Pero la reforma del inmueble, promovida por Trujillos Histórico, está envuelta en la polémica. En diciembre de 2001, Urbanismo confirmó la orden de paralización de las obras: se había demolido el interior del edificio manteniendo sólo los muros de fachada. Llegó a pedir incluso el precinto. Las obras siguieron.

En 2002, se denegó la modificación de la licencia para legalizar las obras y pasar a la “reestructuración general”. Pero en octubre de 2003, y con la CIPHAN en contra, José Ramón Orellana, Óscar Acero (investigados por el juez) y otro técnico aprueban a la modificación. En 2005, las obras se legalizaron. Desde Trujillos Histórico afirman que “todo está en regla” y que los “errores” del comienzo “son atribuibles al Ayuntamiento”.  

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