La compleja relación entre la Policía y los jueces vuelve a enturbiarse. En esta ocasión, por culpa de la última operación contra la kale borroka. El 7 de noviembre, agentes de la lucha antiterrorista desplegaban un amplio dispositivo en San Sebastián que culminaba con la detención de cuatro personas y el registro de 18 viviendas. El Ministerio del Interior anunciaba que con ellas quedaba totalmente desarticulada en la capital donostiarra la estructura de Segi –organización juvenil ilegalizada de la izquierda abertzale– . Y el propio Alfredo Pérez Rubalcaba destacaba la importancia de la redada, que golpeaba a la cantera de ETA.

Sin embargo, tres días después, Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional, dejaba en libertad a los cuatro detenidos, al considerar insuficientes las pruebas recabadas por la Policía. Según fuentes próximas al juzgado, el único indicio contra los jóvenes eran las declaraciones autoinculpatorias que habían hecho ante la Policía, en las que dos de ellos habían reconocido haber lanzado cócteles molotov contra la sede de la comandancia de Marina de San Sebastián y otros dos, haber quemado neumáticos.

Ni el magistrado ni la fiscal del caso, María José Checa, consideraron estas manifestaciones suficiente elemento para mandar a los jóvenes a la cárcel, ya que, siempre según fuentes de la Audiencia Nacional, los cuatro jóvenes no las ratificaron en su declaración judicial –aseguraron que la Policía las había obtenido con tortura– y no se encontró nada en los registros de sus viviendas que los relacionase ni con Segi ni con actos concretos de violencia callejera.

Dos petardos para Navidad

Estas mismas fuentes destacan que el hallazgo de dos petardos en el domicilio de uno para el único para el que la fiscal pidió prisión– tampoco fue considerado prueba suficiente, ya que el joven justificó su tenencia diciendo que eran para la próxima Nochevieja. El juez, finalmente, sólo impuso a los cuatro la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado más próximo a su domicilio.

Fuentes de la lucha antiterrorista niegan esta ausencia de pruebas e insisten en su convencimiento de que los ahora en libertad son “elementos clave” de la estructura de la ilegalizada organización juvenil en la capital donostiarra. En este sentido, destacan que, además de las declaraciones que niegan haber obtenido con malos tratos, en los registros se encontró numerosa documentación que demuestra su presunta vinculación a un grupo de apoyo a ETA, entre ellos ejemplares de Zutabe, boletín interno de la banda.

“Además, se encontraron pancartas y documentación de Segi e información para realizar sabotajes a las obras del tren de alta velocidad en el País Vasco”, destaca indignado a Público un alto responsable policial. Esta misma fuente recalca que la operación fue dirigida por otro magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, quien ordenó las cuatro detenciones y las de otras doce jóvenes que finalmente escaparon.“La operación era continuación de otra en la que detuvimos a otros siete. Fueron precisamente las declaraciones de éstos las que nos permitieron identificar a los cuatro y así consta en las diligencias que se remitieron a la Audiencia Nacional. ¿Por qué Marlaska sí las tuvo en cuenta y el juez Andreu, no?”, preguntan.