El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha preguntado a Interpol por qué se niega a buscar a los tres militares estadounidenses imputados en la muerte del cámara de Telecinco José Couso el 8 de abril de 2003 en Bagdad (Irak), si en otras dos ocasiones sí ha accedido a su petición.

Así lo ha solicitado el magistrado en un escrito dirigido al comisario jefe de Interpol España después de que el pasado 29 de julio ordenara la busca y captura de los militares Philip de Camp, Philip Wolford y Thomas Gibson, ya que el Tribunal Supremo ordenó por segunda vez a la Audiencia Nacional reabrir la investigación.

Según explica Pedraz, Interpol se niega a buscar a los tres militares, a los que imputa un delito contra la comunidad internacional en concurso con uno de homicidio, en virtud del artículo 3 de su Estatuto, que prohíbe a la organización 'toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial'.

En concreto, el magistrado pregunta qué órgano 'concreto y/o responsable' de Interpol ha acordado aplicar a esta causa el artículo 3 de su Estatuto, además de cuestionar la razón de considerar el caso como una cuestión o asunto de carácter militar. También quiere saber 'si algún Estado miembro ha participado a Interpol que los hechos contenidos en la solicitud constituyen un delito militar o de otra índole' para aplicar el artículo 3.

Pedraz concluye su requerimiento a Interpol preguntando por qué en esta ocasión, sin que los hechos imputados hayan variado, considera procedente aplicar el citado artículo y no ejecutar las órdenes de busca y captura dictadas, mientras que en las dos ocasiones anteriores que el magistrados decretó la búsqueda de los tres militares, la organización sí las aceptó.

Según el juez, la persona que dio la orden para atacar el hotel Palestina de Bagdad fue el teniente coronel Philip de Camp, al mando del regimiento de blindados número 64 de la Tercera División de Infantería Acorazada del ejército norteamericano, que se la transmitió al capitán Philip Wolford, quien a su vez autorizó al que 'materialmente realizó el disparo', el sargento Thomas Gibson.

Desde que en octubre de 2005 Pedraz asumió la investigación de la muerte de Couso, ha ordenado hasta tres veces la busca y captura de los tres militares estadounidenses imputados en la causa.

Así, tras dictar la primera detención internacional ese mes, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó las diligencias en marzo de 2006 al considerar que se trató de un 'acto de guerra contra enemigo erróneamente identificado' y declaró la falta de jurisdicción para juzgar los delitos imputados.

La familia de la víctima recurrió esta decisión ante el Supremo, que ordenó a la Audiencia Nacional investigar este caso, pero en julio de 2009 la Sala de lo Penal de este tribunal volvió a revocar el procesamiento de los tres militares y ordenó al instructor que concluyera el sumario y que lo elevara a la Sala de lo Penal para poder acordar el archivo.

Pero los familiares del cámara no se dieron por vencidos y volvieron a recurrir la decisión al Supremo, que el pasado 6 de julio ordenó por segunda vez a la Audiencia reabrir el caso con el argumento de que la estrategia bélica 'de impacto y pavor' y el bombardeo sobre personas y bienes protegidos en conflicto armado es penalmente imputable a quien dirija esas operaciones.

Entre las nuevas diligencias, Pedraz tiene previsto viajar a Irak para investigar los hechos 'in situ', lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha autorizado.