El Ministerio del Interior ha decidido reforzar la seguridad de los emisarios que el Gobierno envió a dialogar con ETA tras conocer el contenido del último Zutabe, el boletín interno de la banda armada. El motivo: teme que la organización terroristas los convierta en objetivo preferente en su ofensiva terrorista después de conocer el contenido de dicho documento etarra, en el que se carga duramente contra el Ejecutivo por la detención en Francia, en marzo pasado, de Jon Iurrebaso, uno de los miembros del equipo negociador de ETA.

En concreto, el texto menciona en al menos tres ocasiones la captura de Iurrebaso y su chófer, Kepa Suárez, el 29 de marzo pasado. En dos de ellas, se limita a recordarla en sendas cronologías sobre el desarrollo del proceso como elementos relevantes del mismo. En la tercera, sin embargo, califica la detención como “un suceso que marcó (...) el propio proceso de negociación”. Según el documento etarra, la operación policíal “ponía patas arriba la norma de oro de cualquier proceso negociador, el respeto de la interlocución de la otra parte”.

“En este caso –continúa el Zutabe–, quedó en evidencia que los ministerios del Interior de Francia y España no respetaban las garantías de seguridad que eran necesarias para la representanción de ETA. Se vió que los mecanismos y los compromisos mínimos asumidos para garantizar esa seguridad habían quedado invalidados”.

Salvoconducto telefónico

Ya cuando fue detenido, Iurrebaso se autoproclamó ante los policías franceses delegado de ETA en las negociaciones y esgrimió un papel con cuatro números de teléfonos móviles -dos de Francia y dos de España- de supuestos contactos en París y Madrid que darían por buena su versión y le facilitarían seguir el camino. Los agentes no hicieron caso y lo detuvieron. Posteriormente se supo que uno de los teléfonos correspondía a la mano derecha de Nicolás Sarkozy cuando estaba al frente del Ministerio del Interior francés. Los propietarios de los otros tres siguen siendo un misterio, aunque la Justicia gala ha abierto un sumario para averiguar sus propietarios y ha pedido la colaboración de la española.

La detención de Iurrebaso ya provocó en aquel momento tensiones en las entonces maltrechas relaciones que aún mantenían emisarios de Moncloa y dirigentes de ETA, por un lado, y el PSE con Batasuna por otro, en un último intento por rescatar el proceso de paz de los escombros de la T-4, según destacan a este diario fuentes políticas conocedoras del desarrollo de dichos contactos.

Primera alarma, en junio

Altos responsables de la lucha antiterrorista reconocen, no obstante, que ya hubo un primer refuerzo de la seguridad de los negociadores del Gobierno –el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y el ex ministro socialista Javier Moscoso, entre otros– inmediatamente después de que el pasado 5 de junio ETA anunciara de manera formal el fin de su “alto el fuego permanente” con un comunicado. “Ahora que tenemos constancia de que la banda busca muertos, tememos que ellos sean uno de los primeros objetivos”, añaden.